José Samuel Sánchez Reyes fue director general de Normatividad en Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (SENER) y enfrentó acusaciones por presunto acoso sexual y presunto abuso de poder.
De acuerdo con una publicación de El Financiero que recabó testimonios de personas que omitieron sus nombres por razones obvias, señalaron que valiéndose de su posición jerárquica, Sánchez Reyes, habría ejercido hostigamiento y realizado presuntos tocamientos no consentidos a mujeres subordinadas.
De acuerdo con las denuncias ya presentadas, el funcionario presuntamente pedía favores sexuales a cambio de un ascenso laboral.
Los testimonios citados por El Financiero detallan encuentros en la oficina del acusado, donde las conversaciones laborales habrían dado paso a interrogantes personales inapropiadas y supuestos tocamientos físicos no consentidos. Además, Sánchez Reyes fue señalado de bloquear la salida de las oficinas, ejerciendo una presión psicológica sobre las denunciantes.
Estas denuncias se suman a otras ya existentes por presunta corrupción, nepotismo y conflicto de interés.
Sin embargo, todo apunta a que José Samuel Sánchez Reyes siempre contó con el respaldo político de figuras influyentes como Rocío Nahle.
Y resulta que José Samuel Sánchez Reyes es ahora subsecretario de Obras Públicas en la SIOP y dicen que al parecer fue el que le vendió la idea a Rocío Nahle de que la SIOP concentrara toda la obra pública de todas las dependencias en una sola área controlada por la SIOP
José Samuel Sánchez Reyes y Leonardo Cornejo Serrano -actual titular de la SIOP-, ex funcionarios de Petróleos Mexicanos (PEMEX), habrían promocionado a empresas internacionales como Saipem y CITAPIA – ligadas al escándalo de Odebrecht – para que participara en proyectos de PEMEX.
Ambos funcionarios trabajaron con Rocío Nahle García, durante su gestión como titular de la Secretaría de Energía (Sener) del gobierno federal.
De acuerdo con una denuncia presentada por PEMEX y PEMEX Transformación Industrial ante la Fiscalía General de la República (FGR), la relación entre Saipem y CITAPIA se estableció durante trabajos en la refinería Lázaro Cárdenas, de Minatitlán.
En el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, CITAPIA se convirtió en una de las compañías preferentes para contratistas internacionales de PEMEX, pese a irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
A pesar de las promesas del ex presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción, Cornejo Serrano fue exonerado de todo cargo y designado líder en la construcción de la refinería de Dos Bocas, situación que han cuestionado expertos que expusieron sus dudas sobre la integridad del proceso en la obra insignia del gobierno morenista.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Cornejo Serrano firmó 197 de los 201 contratos que se asignaron a proveedores de equipos, insumos y constructoras de la refinería. Los documentos carecen de transparencia.
PEMEX censuró el 99 por ciento de los contratos firmados por Cornejo, por lo que es imposible conocer los montos que la paraestatal pagó para la construcción de la refinería de Dos Bocas.
La relación estrecha entre Leonardo Cornejo Serrano y Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, está documentada en archivos judiciales. Y en ella se revela la asignación de contratos y negociaciones de pagos de sobornos.
La designación de José Samuel Sánchez Reyes como director general en la Secretaría de Energía, desencadenó acusaciones contra Rocío Nahle García, ya que ella habría influido en su nombramiento pese a las denuncias de corrupción, nepotismo y abuso de poder.
Las prácticas de Sánchez Reyes en PEMEX, incluyendo presuntas presiones sobre subordinados para acelerar revisiones de contratos y la reactivación de su jubilación, alimentan las sospechas sobre la integridad del proceso.
La revelación de la red de corrupción entre Sánchez Reyes, Cornejo y compañías extranjeras, pusieron en tela de juicio las asignaciones de contratos en la industria energética mexicana, y resalta la urgencia de reformas para garantizar la integridad y transparencia en las operaciones de la empresa paraestatal.
