Cuando el acceso a la justicia se convierte en un laberinto de trámites, burocracia y barreras económicas, se vuelve inalcanzable y afecta a las personas más vulnerables, afirmó la candidata a magistrada federal Lizbeth Hernández Ribbón.
Como especialista en derechos humanos, Hernández Ribbón dijo que el sistema judicial debería considerar las desigualdades sociales y económicas, pues, en ocasiones, se castiga a quienes enfrentan estas desigualdades.
A manera de reflexión sobre las desigualdades estructurales de la sociedad, Hernández Ribbón comentó que, cuando un modelo judicial implica altos costos, procedimientos complicados o tiempos excesivos de espera, termina por ser inaccesible para las personas en situación de pobreza.
“Si el sistema de justicia no tiene la capacidad de responder a las realidades sociales y económicas, se convierte en un obstáculo más, en lugar de ser una herramienta de protección y reparación”, afirmó la candidata a magistrada federal.
Hernández Ribbón destacó que la justicia debe ser verdaderamente universal y accesible a todas las personas, sin importar su condición económica, social o cultural. En ese sentido, advirtió que la brecha entre quienes pueden acceder a la justicia y quienes no, solo aumenta la desigualdad y perpetúa la exclusión: “Un sistema que no reconoce estas barreras es un sistema que está fallando a su misión básica de garantizar derechos humanos fundamentales”, agregó.
Hernández Ribbón propuso la simplificación de trámites, la reducción de costos procesales y la promoción de un sistema inclusivo que permita el acceso efectivo y rápido, porque “si la justicia no es para todas y todos, entonces no es justicia, y un sistema que castiga la pobreza no tiene espacio en una sociedad democrática que defiende la equidad y los derechos humanos”, concluyó la candidata a magistrada federal.
