Desde Cosautlán de Carvajal, nos mandaron el siguiente comentario. Omitimos la fuente por temor a las represalias que hubiese de parte de los personajes que ostentan el poder de la 4T en el estado de Veracruz:
Por algo sería que a Juan Javier Gómez Cazarín no lo querían poner como delegado estatal de Bienestar. Apenas acaba de pasar una crisis su jefa ya que diputados de Morena solicitaron la destitución de Ariadna Montiel Reyes Secretaria de Bienestar y el Carón ayer fue a demostrar sus habilidades de “mapache” al municipio de Cosautlán de Carvajal indicando que no hay piso parejo sino lleno de hoyancos como la carretera que lleva a ese olvidado municipio, a puertas cerradas y recogiendo los celulares de su personal en ese municipio giró instrucciones que deben apoyar “con tokio” a Teresita de Jesús Ortiz Galván promotora y próxima candidata de Morena, a la que supuestamente le va a crear programas sociales especiales para que levante ya que a cada comunidad que va, termina regañada y sale con el rostro secándose las lágrimas. La mayoría de los que asistieron están en desacuerdo porque ella viene de una administración fraudulenta. Su esposo Rafael Martínez Morales fue acusado en la Fiscalía por desvíos de recursos y huyó a los Estados Unidos. Los trabajadores de Bienestar pensaban que en esa reunión el alto funcionario trataría temas como la escasez de agua, el altísimo incremento de la delincuencia sobre todo de secuestros que se vincula para agenciarse recursos para el tema electoral, pero no; fue para conminarlos a volverse delincuentes electorales. Los paisanos no son tontos. Saben que tendrían que enfrentar la ley, ya que la misma dependencia hace llamado a las personas servidoras públicas a conducirse con rectitud y hacer valer los principios de imparcialidad y neutralidad y exhorta a la población a denunciar cualquier mal uso de los programas sociales mediante FEDETEL (800-833-72-33), FEDENET (www.fedenet.org.mx) o la Función Pública, los delitos electorales se castigan, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el Sistema Integral de los delitos electorales se castigan, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas impondría prisión de dos a nueve años, al precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que aproveche fondos, bienes o servicios.
