Rosalinda Morales
Este viernes en conferencia de prensa, frente a medios de comunicación, integrantes de colectivos de búsqueda y familiares independientes denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de designación de la nueva titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Veracruz, Lutgarda Madrigal.
María Elena Gutiérrez, del grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos, refirió que de abril a la fecha se han registrado 40 desapariciones más en la entidad, sumándose a una crisis humanitaria que estiman rebasa los 140 mil desaparecidos en el país. “Triste es decirlo, pero el gobierno estatal actual sigue igual que los anteriores: no vemos ningún cambio”, reprochó.
Gutiérrez informó que se entregó un pronunciamiento público firmado por 18 colectivos, organizaciones civiles y familiares, dirigido a la gobernadora Norma Rocío Nahle García, para exigir que se transparente el proceso de designación.
“Este documento es respaldado por quienes desde hace años participamos activamente en la búsqueda de nuestros seres queridos”, enfatizó.
Por su parte, Luisa Ronzón Montiel, madre de un joven desaparecido desde 2020 y quien no pertenece a ningún colectivo, criticó la opacidad con la que se llevó a cabo la designación. “No estamos en contra de la persona, sino de un proceso lleno de irregularidades. Queremos saber cómo se decidió, por qué no se publicaron actas, cómo se evaluaron a los demás perfiles”, reclamó.
Ronzón expuso que el informe del órgano técnico de consulta, que debía publicarse un viernes, se retrasó hasta el lunes por la noche y, a la mañana siguiente, ya estaba designada la nueva comisionada. “Ni siquiera el informe estaba completo: le falta una página, no hay actas de calificación claras”, denunció.
Anaís Palacios Pérez, representante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, recordó que la convocatoria para elegir al titular fue un compromiso de la gobernadora el 9 de diciembre de 2024 ante representantes de 39 colectivos. “Se prometió legalidad, transparencia y participación de las familias, pero el proceso estuvo plagado de improvisación y desdén institucional”, acusó.
Palacios agregó que desde su organización, junto con otros colectivos, solicitaron información clave desde un mes antes de las comparecencias, sin recibir respuesta. También lamentó que las reformas pendientes a la Ley 677 y la Ley Estatal de Víctimas sigan sin avance. “Se siguen encontrando cuerpos, fragmentos, fosas clandestinas, mientras las familias siguen solas. El presupuesto es insuficiente y la crisis se agrava”, advirtió.
Las voceras estuvieron acompañadas por Marisol Ramírez Calte, del mismo colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos, y Nayeli Guarneros, familiar independiente, quienes respaldaron la exigencia de reponer el proceso y garantizar que sea público, legítimo y con verdadera participación de las familias.
En su posicionamiento, insistieron en que no aceptarán el nombramiento como válido hasta que se transparente cada paso del procedimiento y se publiquen calificaciones, actas y criterios claros. También pidieron que se retomen los compromisos asumidos el 9 de diciembre: apoyo alimentario para familias, reuniones periódicas, y el cese de elementos de seguridad pública vinculados con desapariciones forzadas.
Finalmente, las activistas lamentaron que mientras surgen hallazgos como el de 12 cuerpos localizados recientemente en la zona de El Castillo, la respuesta oficial minimiza la crisis.
“No es un tema aislado: diariamente se localizan restos en condiciones de violencia extrema. No es posible avanzar sin honrar la lucha de quienes buscamos a nuestras y nuestros desaparecidos”, concluyeron.
Los colectivos y familias reiteraron su llamado a la gobernadora Nahle García a garantizar un proceso transparente y respetuoso, pues “no queremos retrocesos ni improvisación; nuestras vidas y la justicia están en juego”.
