La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (VII)
Víctor A. Arredondo
– A 40 días de la primera advertencia pública sobre la prórroga ilegal no
ha habido respuesta oficial en la UV.
– La Junta de Gobierno ha sido omisa ante las múltiples expresiones y
acciones de rechazo a su decisión.
– La probidad de la UV está en riesgo y la solución del caos institucional
aún está en sus manos y en las del rector saliente.
“La libertad nace del enfrentamiento con lo que parece inevitable”
Octavio Paz
Se ha comentado que la oportuna alerta del Dr. Raúl Arias Lovillo sobre la
pretensión de recurrir a un acto ilegal para obtener una improcedente ampliación
del periodo rectoral que termina a fines de este mes, permitió emprender acciones
progresivas para evitar ese atropello de enormes repercusiones. A partir de la
primera reunión sostenida entre los tres ex rectores del régimen autónomo, dos de
la época rectoral anterior y otro experto en legislación universitaria, dado que el ex
rector Dr. Salvador Valencia es un reconocido jurista en la materia, se acordó
publicar un pronunciamiento que advirtiera sobre un posible quebranto a la legalidad
y estabilidad de la Universidad Veracruzana. Desde esa ocasión quedaba claro que,
al menos dos miembros de la Junta de Gobierno habían sido incorporados
subrepticiamente para ayudar a esquivar el escollo legal de la edad del rector. La
razón resultaba evidente porque la estrategia de rectoría, un año antes, de hacer
enmiendas a la Ley Orgánica para quitar el requisito de la edad había fracasado
ante la Legislatura Estatal. Aunque nunca se informó a la comunidad universitaria
sobre ese descalabro, la señal que enviaban los legisladores podría interpretarse
en el sentido de que no aceptarían cambios en las leyes que buscaran
intrínsecamente un beneficio personal.
El 29 de mayo los exrectores del régimen autonómo hicimos un pronunciamiento
público sobre una previsible transgresión a la legalidad, orquestada entre la rectoría
y algunos miembros de la Junta de Gobierno. Nuestro mensaje dirigido a la
comunidad de la UV y a la sociedad veracruzana obligó a que, al día siguiente, el
Dr. Martín Aguilar reconociera que había presentado antes su solicitud de prórroga.
Lo que no mencionó es que esa petición implicaba un procedimiento de “asignación
única y directa a favor de su persona”, y que, por tanto, violaría nuestra máxima
legislación universitaria y una decena de artículos del Reglamento Interno de la
propia Junta de Gobierno. De nueva cuenta, el rector saliente dejaba constancia de
que la ley puede flexibilizarse a su antojo, que su aspiración personal puede estar
por encima del pudor y la legalidad, que no le importaban los medios con tal de
satisfacer su apetito. A partir de esa reprobable evidencia, hemos atestiguado
innumerables expresiones de rechazo, tanto por parte de quienes genuinamente
aspiran a competir por la rectoría como de miembros de la comunidad universitaria
que vieron afectado su derecho de aportación al rumbo institucional y de una
veintena de distinguidos ex miembros de la Junta de Gobierno. A esas expresiones
de repudio se habrían de sumar colegas, alumnos y ex maestros del propio rector
adscritos al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, entidad de la que él
proviene y que, dicho sea de paso, controla el 50% de los seis cargos académico-
administrativos más altos de la UV (la rectoría, la secretaría acadérmica y la vice
rectoría de Coatzacoalcos-Minatitlán).
Una iniciativa de participación universitaria a favor de la integridad en la máxima
casa de estudios de Veracruz que merece mención especial por su
representatividad, entrega y actividad desplegada, es la Red UV por la Legalidad.
Creada el 2 de julio, a partir del acuerdo de alrededor de cincuenta universitarios
comprometidos con la honorabilidad institucional, la Red ha establecido diversas
comisiones que se especializan en objetivos precisos para organizar y ampliar su
membresía, desarrollar iniciativas, textos y medios en búsqueda de mayor impacto
institucional y social. Su finalidad es clara, la de reponer el proceso de designación
de quien ocupe la próxima rectoría, conforme a lo que mandata la legislación
universitaria y los derechos individuales consagrados en nuestra Constitución.
Su naturaleza y actuación orgánica, basada en la colaboración horizontal mediante
contactos cara a cara y en línea, ha favorecido la congruencia interna de su
quehacer y una influencia creciente en la comunidad universitaria. Hoy en día, y a
pesar de que la universidad estuvo de vacaciones, cuenta con 421 miembros que
coadyuvan a divulgar y a acrecentar aliados para cumplir su noble misión. La firme
convicción de sus miembros es que no se permitirá que la ilegalidad se apodere de
la Universidad Veracruzana; porque eso significaría el secuestro de la máxima casa
de estudios de todos los veracruzanos, por parte de unos cuantos “enmascarados
que no respetan la autonomía universitaria” (Javier Barros Sierra dixit, Rector de la
UNAM, 1968).
Por lo anterior, se hace un llamado al rector saliente para que reflexione si su
pretensión personal es mayor que el futuro brillante de la UV. Su administración
pretendió mostrar un desempeño y resultados que esconden otra realidad: la
pérdida de gobernabilidad, de cohesión e identidad institucional, de los niveles de
excelencia académica y del prestigio nacional e internacional que nuestra
universidad logró en sus primeras etapas de vida autónoma. Habrá que recordar
que la contribución de un periodo rectoral se mide al comparar la situación
prevaleciente al inicio de su gestión con respecto a su conclusión. Hoy no sólo
vemos una institución dividida con una lamentable tendencia hacia el caos, sino
cuatro años de descuidos que propiciaron una veintena de manifestaciones,
conflictos y reclamos, principalmente expresados por la comunidad estudiantil ante
la falta de atención de las autoridades. En los primeros 24 años de vida autónoma
hubo menos de la mitad de conflictos internos de la magnitud de los que sucedieron
en esta administración que termina. El centro de la atención universitaria debe estar
puesta en nuestros estudiantes. El éxito personal de cada uno de ellos define el
grado de éxito institucional. Y para alcanzar esa loable meta, se debe contar con el
mejor aliado: el compromiso verificable del personal académico y administrativo; sin
olvidar que la misión universitaria esencial está en lo académico, porque la
administración sólo es un sistema de soporte y no una carga burocrática que asfixia
el desempeño de las funciones sustantivas.
Entonces, el liderazgo universitario implica pasión de servicio, aliento al talento y a
las genuinas aspiraciones de crecimiento personal y aporte institucional de cada
miembro de la comunidad universitaria. Por ello, la gobernanza universitaria exige
un quehacer colegiado y representativo, un liderazgo compartido mediante la
participación del mejor talento con experiencia probada en el quehacer cotidiano.
Implica, además, reuniones frecuentes de deliberación colegiada en cada región y
área académica para fortalecer las acciones colectivas que aseguren el logro
gradual de metas institucionales. Así es como se tejen las grandes realizaciones
que parecieran imposibles. Por ello es que no funciona el trabajo a manera de
gabinete cerrado donde los funcionarios se escuchan complacientemente y se
halagan a sí mismos, mientras planean cómo mantener sus prebendas burocráticas
sin merecerlo y a costa de lo que sea. Y por lo que se observa ahora, hasta el grado
de estar dispuestos a perjudicar el futuro promisorio de la UV.
El comentario anterior debiera ser objeto de reflexión por parte de los miembros
pensantes que queden en la Junta de Gobierno, del rector saliente y de sus
colaboradores cercanos. ¿Con qué probidad podría ejercerse un liderazgo
unipersonal y convocar a los liderazgos distribuidos al interior de la comunidad
universitaria cuando existió una prórroga ilegal? Cuando la Legislatura Estatal ya
impidió el año pasado la aprobación de enmiendas a la Ley Orgánica que consideró
improcedentes y que ahora está atenta para ofrecer una interpretación auténtica
sobre las leyes que rigen a la UV. Cuando el poder judicial ha aceptado cinco
solicitudes de amparo contra la decisión de la Junta de Gobierno y que continúan
en proceso de definición. Cuando en el momento oportuno, la Gobernadora de
Veracruz debió leer de manera respetuosa lo que establece la norma universitaria
para la designación de quien esté a cargo de la rectoria. Cuando la sociedad y las
universidades hermanas vean en la UV a una institución que representa el desorden
y la ilegalidad. Pero sobre todo, cuando nuestra comunidad universitaria pierda el
respeto al rector por su avidez de un cargo que no cumple con la ley y, por tanto,
que procrea actos ilegítimos. Por último, no debe echarse en saco roto que la
movilización universitaria seguirá hasta que la fallida decisión de otorgar la prórroga
se reponga por el procedimiento que mandata la ley, en un marco de transparencia
y equidad.
La Red UV por la Legalidad está comprometida a impulsar la agrupación de la
universidad en torno a la legalidad a partir del razonamiento y acuerdos
consensuados; a utilizar las vías institucionales necesarias para impedir la
transgresión legal, social y ética, recurriendo a los valores de la honorabilidad, la
rendición de cuentas y la trascendencia social. Por su parte, el rector saliente y los
miembros de la Junta de Gobierno habrán de decidir en los próximos días si
persisten en su misma postura, desatendiendo el creciente reclamo para que la UV
regrese a ser un referente internacional en materia de innovación y solidaridad
social. ¿Ganará la sensibilidad y apertura para reconocer que se debe reponer la
designación de quien reciba el encargo de la rectoría conforme a lo que establece
la legislación universitaria? De ser el caso, se evitaría una crisis institucional que
quedará marcada como evento funesto, turbulento, en la historia de la máxima casa
de estudios de nuestro estado.
