José Ortiz / EN CORTO / Columna de opinión
En los pasillos del Poder Judicial del Estado de Veracruz circula con
creciente fuerza un rumor que inquieta tanto a magistrados como a litigantes: Zoila Aradillas Guzmán, quien presume ser la mano derecha de la próxima presidenta del Tribunal Superior de Justicia, arrastra consigo un pasado político marcado por saltos de partido, lealtades circunstanciales y señalamientos de presunta corrupción que podrían convertirse en una seria carga para cualquier nuevo liderazgo.
Trayectoria de lealtades intercambiables
Aradillas Guzmán, originaria del norte del estado, inició su carrera en el PRI, donde ocupó
una dirección de área en la Secretaría del Trabajo del Estado, pese a carecer de méritos técnicos. Durante el gobierno de Javier Duarte, fue enviada a un cargo
intermedio con la intención de “quitarla del camino”, pero desde ahí fortaleció su red de
relaciones personales.
Su capacidad camaleónica quedó en evidencia cuando, tras la caída del PRI, dio el salto
al PAN impulsada por su cercanía con la actual diputada Montserrat Ortega Ruiz, de quien presume es su gran amiga; Ortega Ruiz la promovió como candidata por el distrito de Pánuco en las elecciones donde Miguel Ángel Yunes Linares llegó a la gubernatura. Aunque la candidatura fracasó, la puerta al poder siguió abierta: Ortega y su esposo, el exlíder panista José Mancha Alarcón, la vincularon con el ex fiscal Jorge Winckler Ortiz, quien la designó Directora de Atención a Víctimas en la Fiscalía General del Estado. Desde esa oficina, según testimonios internos, Aradillas presumía de tener la confianza absoluta del Fiscal, incluso por encima de su propia jefa inmediata.
La pareja política
El ascenso de Zoila Aradillas ha incidido en la carrera en la función pública de su esposo, Carlos Alberto Bernal Martínez, un operador señalado por su inexperiencia y opacidad. Fue colocado como Director de Administración en el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM),
donde, de acuerdo con ex trabajadores, presuntamente manejó recursos sin transparencia. Entre el personal fue catalogado como “inoperante, ausente y corrupto”, aunque hábil para tejer beneficios personales.
Actualmente, versiones internas apuntan a que Bernal enfrenta presuntos procedimientos legales por supuesto fraude y por presunto incumplimiento de pensión alimenticia, mismos que al parecer ha logrado frenar gracias a sus vínculos dentro de la burocracia estatal.
Pragmatismo a ultranza
Quienes conocen de cerca a la pareja describen a la dupla Aradillas–Bernal
como “chapulines políticos profesionales”, con la habilidad de adaptarse a cualquier grupo
de poder siempre que ello les represente ganancias económicas o de status.
Fuentes del Tribunal advierten que la cercanía de Aradillas con la próxima presidenta del
Poder Judicial enciende focos rojos. El binomio Aradillas-Bernal avanza lentamente pero con astucia para meterse donde saben que algo van a ganar, comenta un funcionario de confianza. Incluso se han acumulado quejas de ciudadanos. Un grupo de habitantes de La
Orduña denunció que, tras ser asesorados por Aradillas Guzmán en un asunto judicial, ésta presuntamente les habría cobrado más de 300 mil pesos con la promesa de resolver favorablemente el caso gracias a su “cercanía al poder”. El resultado nunca llegó.
¿Ancla o lastre?
Aunque no existen procesos formales en su contra hasta el momento, el historial de Zoila
Aradillas Guzmán y de su esposo plantea un dilema: ¿será ella un soporte estratégico para la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia, o se convertirá en un lastre político de
consecuencias imprevisibles?
Hoy, con un posgrado en curso en la Universidad Veracruzana, la funcionaria intenta
proyectar una imagen de profesionalismo académico. Sin embargo, críticos se preguntan si
se trata de un doctorado en Derecho… o en cómo evadir la ley y seguir capitalizando el
poder.
Lo cierto es que, en Veracruz, la memoria política rara vez se borra. Y en este caso, todo
indica que el pasado de Aradillas está a punto de cobrar factura.
