Lo comenta en su leída columna Al Pie de la letra, el informado periodista Raymundo Jiménez:
Siguen ventilándose los malos manejos financieros y administrativos de la Magistrada ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien, en presunta complicidad con las nuevas autoridades administrativas del Poder Judicial estatal, habrían cometido un fraude que rondaría los 25 millones de pesos por la realización de un “inventario de mobiliario”.
En estos presumibles hechos delictivos, según información en nuestro poder, habrían estado involucrados la actual directora general de Administración, Diana Adivedh Cruz Villegas; Antonio Sobrevilla Castillo, responsable del Fondo Auxiliar, y Víctor Luis Priego López, entonces Secretario General y ahora feliz integrante del nuevo Órgano de Administración Judicial.
La empresa que realizó dicho levantamiento de Mobiliario al Poder Judicial del Estado de Veracruz se denomina Auditoría Integral EZA, S.C., con dirección en Lázaro Cárdenas número 12, ubicada en el corazón de Banderilla, municipio conurbado a la capital veracruzana. El inmueble, sede de esta empresa, se encuentra deshabitada y es una casa sin repello, sin pintura, una casa de vecindad, con cinco medidores, localizada en el famoso pueblo chicharronero.
Desde ahí, en lo que parece ser una empresa fachada, se facturaron 25 millones por un levantamiento que fue realizado por jóvenes sin experiencia, quienes fueron contratados bajo el esquema de “servicio social”.
Este Despacho –que cobró 25 millones de pesos, insistimos– se encuentra registrado en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) como prestador de servicios profesionales.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya abrió una investigación por el uso indebido de estos recursos y el veredicto se dará a conocer en el Informe Final de la Auditoría a la Cuenta Pública 2024 a finales de este mes de septiembre, ya que el origen de estos recursos corresponde a gastos federalizados.
Y así sigue operando el Poder Judicial, con nombres de responsables que saltan a la vista: Diana Adivedh Cruz Villegas, Antonio Sobrevilla Castillo, Víctor Luis Priego López, Alma Rosa Flores Ceballos y María del Socorro Hernández Cadena, entre otros.
¿Quién los detendrá ahora que se sienten “autónomos”, dueños del Poder Judicial, señores y señoras de horca y cuchillo? ¿Con estos administradores morenistas, para qué quieren enemigos? El desastre y la pudrición viene de dentro, no cabe duda.
