La libertad anticipada del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa continuará en suspenso, ya que la jueza Angela Zamorano Herrera aplazó su decisión para este viernes, tras casi 12 horas de audiencia, en la que se desahogaron cinco testigos de la FGR y se realizaron alegatos de clausura.
Lo anterior, dijo, para valor las pruebas presentadas por las partes debido a lo complejo del tema.
La diligencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, concluyó tensa y en medio de una enfrentamiento entre los fiscales de la FGR y los abogados defensores sobre la conducta y comportamiento de Duarte de Ochoa tanto en prisión como su actuar en el proceso penal que tiene vigente por desaparición forzada.
Y es que en los alegatos de clausura, Pablo Campuzano, abogado del expriísta, reiteró que su cliente reúne los requisitos establecidos en la ley para obtener su libertad.
Sin embargo, acusó que fue víctima de tortura al haber sido obligado a comparecer en una audiencia en la que se desmayó porque se le bajó la presión y, pese a ello, fue presentado atado en silla de ruedas y se le inyectó adrenalina lo que lo provocó vómito.
Asimismo, el litigante señaló que la Fiscalía General de la República trató de hacer ver a Duarte de Ochoa como un «monstruo», una persona «degenerada» y trató de exhibirlo mediáticamente.
«No es un monstruo imaginemos que el señor no se llama Javier Duarte. Trajeron la mitad de la Fiscalía de Veracruz. Esta es una presión, esta es un aplaste del Estado en contra de una persona. Javier Duarte no es un degenerado, no es un monstruo, como lo quiere determinar la Fiscalía. Es una persona sentenciada», expuso.
Durante la audiencia de este miércoles, uno de los cinco testigos presentados por los Fiscalía General de la República (FGR) acusó al expriista de entorpecer el proceso penal que se le sigue por el caso de desaparición forzada y exhibió una actitud de rebeldía, en la que alegó problemas de salud y se negó a salir de su celda para evitar ser imputado formalmente por dicho delito.
Denise Moreno Córdova, fiscal auxiliar de Denuncias de Personas Desaparecidas de la Fiscalía de Veracruz, relató ante la jueza de Ejecución Penal, Angela Zamorano Herrera, que acusar del delito de desaparición forzada a Duarte de Ochoa, le llevó año y tres meses por diversas tácticas empleadas por el veracruzano.
Relató que en junio de 2018, con la venia del gobierno de Guatemala, que lo entregó en extradición a México, un juez de Veracruz giró orden de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa por el delito de desaparición forzada en agravio de un persona taxista de la entidad.
En consecuencia, explicó, se programó audiencia inicial para el 11 de agosto de 2021, a la que Javier Duarte no acudió porque justificó había convivido con una persona enferma de Covid-19, por lo que no se realizó.
De acuerdo con Moreno Córdova, la diligencia se reprogramó para el 12 de noviembre de 2021, que tampoco se llevó acabo debido a que el exgobernador de Veracruz se «negó a salir de su celda porque desconocía los cargos que se le imputan».
Ante dicha conducta, la fiscal Denise Moreno Córdova aseguró que solicitó colaboración a la entonces fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, para ejecutarle la orden de aprehensión, lo que finalmente ocurrió el 3 de diciembre de 2021.
Tras ello, Duarte de Ochoa se amparó para no ser llevado a la diligencia de imputación.
Sin embargo, el 16 de noviembre de 2022, fue presentado ante el juez de control de Francisco Reyes, ante quien el exgobernador argumentó problemas diversos de salud, como mareo, vómito y dijo que se desmayó.
Incluso, aseguró la fiscal, Duarte de Ochoa se retiró de la diligencia sin autorización del juez y «a las 14:44 horas, las autoridades del reclusorio lo regresaron a la sala de audiencias, en una silla, sujetado por personal penitenciario”.
En esta parte, la defensa de Javier Duarte, encabezada por Pablo Campuzano, objetó el testimonio de la fiscal de Veracruz y al señalar que se pretendía exhibir a su cliente.
No obstante, la fiscal continuó y señaló que lo hicieron comparecer casi amarrado para llevar a cabo la audiencia inicial, en la que se le vinculó a proceso por el delito de desaparición forzada, acusación que después tumbó y que se encuentra impugnada.
La juez de Ejecución Penal Angela Zamorano Herrera, decretó un receso y a las 16:30 horas de este miércoles 19 de noviembre retomó la diligencia para los alegatos finales y después dictar una resolución.
La FGR presentó seis testigos, cinco de ellos funcionarios de la Fiscalía de Veracruz y uno más federal de la Fiscalía de Asuntos Relevantes. Para la FGR el proceso de desaparición forzada no ha concluido, pese a que un juez local declaró sobreseída la causa penal. La Fiscalía veracruzana apeló esa resolución y el expediente se encuentra aún en revisión. (El Universal).
