Cuando un tema alcanza la conferencia matutina presidencial deja de ser chisme de pasillo y se convierte en asunto de Estado. El presunto resurgimiento de una red de huachicol en el llamado Triángulo Rojo ya cruzó esa frontera. Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las acusaciones relacionadas con Antonio Valente Martínez Fuentes, alias “El Toñín”, serán revisadas para determinar si cuentan con sustento penal.
Sin rodeos ni evasivas, la mandataria fue clara: el tema deberá ser analizado por la Fiscalía y el Gabinete de Seguridad. En términos políticos, el mensaje es inequívoco: el caso ya está sobre la mesa federal y no puede seguir tratándose como un asunto local.
Las denuncias no son nuevas, pero sí cada vez más sólidas. Investigaciones periodísticas y testimonios documentan que durante años habría operado en el Triángulo Rojo una presunta red de robo de combustible bajo un esquema de protección política, con ramificaciones que apuntan al partido local Pacto Social de Integración (PSI). Actualmente, ese instituto político es señalado por estar bajo la influencia y control de la diputada federal del PRI, Nadia Navarro Acevedo.
En este entramado aparece un nombre clave: Sergio Ángelo Ávila, empresario y fundador del medio Acento 21, quien ha denunciado públicamente haber sido amenazado de muerte tras exhibir presuntos vínculos entre actores del PRIAN y redes dedicadas al huachicol.
Ávila ha relatado que, en sus inicios en la política, se integró a PSI sin conocer —según su versión— que el partido diera cobijo a personajes como El Toñín. Con el paso del tiempo, aseguró, comenzó a documentar y denunciar estos vínculos a través de investigaciones y publicaciones en redes sociales, lo que derivó en una escalada de amenazas directas contra su integridad y la de su familia. De manera pública, responsabilizó a quienes lo han intimidado de cualquier daño que pudiera sufrir su círculo cercano.
A este clima de hostigamiento se suma un hecho alarmante: el presunto hackeo de su cuenta de WhatsApp, ocurrido después de hacer públicas sus denuncias, situación que refuerza la preocupación por la seguridad de quienes han investigado el caso y por las condiciones en las que se ejerce la libertad de expresión.
El contexto se vuelve aún más delicado tras la difusión de videos con amenazas dirigidas a funcionarios del actual gobierno de Puebla, entre ellos el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala. La suma de señalamientos, intimidaciones y denuncias formales coloca el asunto en un terreno que rebasa la disputa política y entra de lleno en el ámbito de la seguridad pública y los posibles delitos de orden federal.
El caso ya no es únicamente una polémica mediática. Está en juego la capacidad del Estado para investigar redes criminales, proteger a periodistas y denunciantes, y desmontar estructuras de impunidad que, durante años, parecieron intocables.
Que el tema haya llegado a la mañanera abre dos escenarios inevitables: la eventual intervención de instancias federales y la revisión de medidas de protección para quienes han denunciado estos hechos. Todo lo demás —silencios estratégicos, deslindes tardíos y negaciones automáticas— será simple ruido.
Cuando el huachicol toca la puerta de Palacio Nacional, ya no basta con minimizar el problema.
Ahora toca probar si hay delito…
o confirmar si alguien volvió a creer que la impunidad era permanente.
