Resiliencia Democrática
¿Por qué existen los cárteles inmobiliarios en Veracruz?
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo
El Colombia en 2017 se destapó un escándalo político, que se le denominó “El Cártel de la Toga”, donde estuvieron involucrados, abogados, jueces, magistrados integrantes de la Corte Suprema de Colombia, senadores, exgobernadores señalados por desfalco; fue una red de corrupción que iba desde los contratos irregulares en planteles educativos, hasta alterar, desaparecer, desviar o dilatar los procesos de la propia Corte, desde la misma Corte Suprema.
Sin embargo, lo que está pasando en el país, es la proliferación de los cárteles inmobiliarios, en donde el primer hecho mediático fue el de la señora Carlota N. en el municipio de Chalco, quien mató a dos personas que la habían despojado de su vivienda.
En el caso de Veracruz, trataré de armar el rompecabezas de este tema, y como lo dije en un video, me involucré porque dos tíos se encuentran ante una situación clara del cártel inmobiliario que opera en Xalapa; el cual está conformado por jueces, 12 pasantes de derecho (porque no tienen ni título ni cédula profesional), agencias inmobiliarias, notarios públicos, catastro municipal, registro público de la propiedad, entre los más relevantes.
El responsable de esta situación social que daña la propiedad privada de los ciudadanos es el gobierno del estado, particularmente la secretaría general de gobierno. De acuerdo a la información pública, los gobiernos de Veracruz desde 2007 han despreciado el financiamiento federal para modernizar su registro público de la propiedad y el catastro, ello con la única finalidad de continuar con la corrupción gubernamental. Contabilizando que han pasado cinco gobernadores desde esa fecha, y a ninguno le ha interesado modernizar al sistema; basta recordar que fueron del PRI, del PAN, y de morena, a quienes por cierto los une el mantenimiento de la corrupción.
La SEDATU desde 2013 lleva a cabo el Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad y el Modelo Óptimo de Catastros. Es pertinente comentar que el Programa de 2007 a 2024 ha destinado 7,760 mil millones de pesos para la modernización. Veamos lo que dice el diagnóstico 2025.
El referido diagnóstico, resaltó lo siguiente: “Procesos registrales y catastrales deficientes, aún existen Entidades como Veracruz y Chiapas que contemplan la inscripción en libros o el uso de planos cartográficos en papel, desactualizados en algunos casos, por lo que estas prácticas resultan ineficientes e inseguras, lo que pueden generar corrupción a través del retraso en los trámites y prácticas indebidas en la atención a los ciudadanos”. Esta información es pública, y se puede consultar en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1026204/ID-U003_Programa_de_Modernizacin_de_los_Registros_Pblicos_de_la_Propiedad_y_Catastros.pdf
En el Avance Nacional en la Modernización del Registro Público de la Propiedad hasta 2024, Veracruz se encuentra en un nivel bajo, en el lugar 31 de las 32 entidades federativas, sólo con el 29.7%, por ejemplo, con respecto a quien estaba en el primer lugar, que era Nuevo León tiene un avance del 94.05%, le sigue Querétaro con el 89.6%, ambos estados en manos de partidos de la oposición.
Con respecto a la medición del Avance Nacional en la Modernización del Catastro en 2024, Veracruz se encontraba nuevamente en un nivel bajo, situado en el lugar 30 de la tabla, con el 31.22%; a diferencia del primer lugar, que de igual manera es Nuevo León con el 93.96%, y le sigue nuevamente Querétaro con el 92.26%.
Es pertinente comentar que el último esfuerzo de modernización en el estado se hizo entre 2011 y 2013. Y en el caso del Registro Público de la Propiedad, el personal ha tenido un cambio radical, por ejemplo, en los tiempos en los que gobernaba el PRI, todos los empleados eran de base y de contrato, había pocos “meritorios”, eso cambió desde el sexenio pasado, donde fueron sustituyendo al personal experimentado por la figura de los meritorios. Por ejemplo, en 2025 el personal de la Oficina del Registro Público de la Propiedad en Xalapa, son 32 integrantes, de los cuales 6 son trabajadores de base y 2 por contrato, los demás son “meritorios”, a quienes se les paga en promedio 2 mil pesos semanales, es decir 8 mil pesos mensuales, lo que hace un total mensual de 176 mil pesos (al año son 2.1 millones de pesos), y que no se sabe de dónde se les paga, ya que al ser meritorios no tienen prestaciones de ley.
El abandono gubernamental involucra a la Contraloría del Estado, quien antes de que gobernará morena, hacia una evaluación de la plantilla de los empleados, quienes en las visitas de revisión tenían que portar su gafete, además de contestar un cuestionario para identificarlos como trabajadores del gobierno, hoy sólo se llevan las observaciones que hay en el buzón de quejas, las cuales son llenadas por los meritorios, falseando nombres y diciendo que con la actual encargada de la oficina, todo es perfecto. El rol de los meritorios es parte de la precarización del trabajo gubernamental; además, con esta contratación masiva de meritorios en todas las zonas registrales, se presta para que se puedan arrancar las fojas de los expedientes o “sembrar” contratos falsos de compra-venta de inmuebles en el propio registro público de la propiedad, puesto que al ser rotados constantemente no existe responsabilidad alguna. Otro dato importante, es que de las 25 zonas registrales que existen en Veracruz no se ha cambiado a ningún encargado del nuevo gobierno, es decir, se mantiene la misma estructura del registro público de la propiedad que dejó último secretario general de gobierno del sexenio anterior.
Otro de los puntos relevantes, es que cada uno de los que han pasado por la secretaría general de gobierno pueden tener la información de sus adversarios políticos, en cuanto a sus propiedades, al final “la información es poder”, inclusive esas redes aún siguen vigentes, por ejemplo, desde la época de 1992 a 1997, el que era el encargado del Departamento de Inspección y Archivo General de Notarías, reapareció como secretario de turismo de 2016 a 2018, quien puso a un alfil como subdirector del Registro Público de la Propiedad. En donde, si se revisa el show mediático del rancho “El Faunito”, se podrán establecer los tentáculos de los actuales funcionarios de gobierno, particularmente el subdirector del propio registro público de la propiedad como aquel notario público “adscrito” que participó en esa farsa. En fin, es el mismo grupo político del pasado que sigue manteniendo el control del actual registro público de la propiedad.
Mientras el gobierno del estado mantenga su actitud pasiva y complaciente con este foco de alta corrupción gubernamental, los más afectados son los ciudadanos, quienes no pueden defender su derecho a la propiedad privada, ya que el sistema de complicidades encuentra tantos senderos, como por ejemplo los jueces, que se pretenden lavar las manos al decir de manera estúpida que ya no eran jueces cuando se ejecutó el despojo, pero se les olvida que autorizaron judicialmente la procedencia del despojo.
La tarea ciudadana de quienes han sido afectados por los distintos cárteles inmobiliarios en Veracruz, debe pasar a la fase de denunciar a los jueces ante el Tribunal de Disciplina estatal y federal, que no se queden sólo en los juzgados de primera instancia, sino que la pelea la llevan a otra instancia no jurídica; como bien puede ser la denuncia pública en los medios de comunicación a todos aquellos que están involucrados en su actual situación patrimonial.
Finalmente, en el gobierno del estado dudo mucho que hagan algo para resolver el problema, ni siquiera quieren modernizar sus sistemas de catastro y registro público de la propiedad, y no es un asunto de austeridad, ya que, a estas alturas, es un asunto puro y duro de corrupción, y que, por ende, es un tema de incompetencia y complicidades al interior de la secretaría general de gobierno.
