El problema no es solo legal; es ético y político. Veracruz arrastra una historia reciente marcada por el saqueo, la impunidad y el cinismo institucional. La sociedad veracruzana fue golpeada por un sexenio de corrupción brutal y luego seducida por la promesa de un cambio que terminó diluyéndose entre incompetencia y opacidad. Hoy, cuando los órganos fiscalizadores vuelven a encender focos de alerta, el mensaje es devastador: el péndulo no cambió de fondo, solo de discurso.
Y mientras tanto, el protagonista se mueve de cargo en cargo, del gobierno estatal a una posición estratégica en el sector energético nacional, sin que las cuentas pendientes se aclaren ni se salden. La política mexicana tiene esa extraña habilidad para premiar la falta de resultados con nuevos encargos. No es casualidad; es sistema.
La referencia irónica de Templo Mayor no es gratuita. “¡El gaaas!” resume en una expresión lo que muchos piensan y pocos dicen: que el problema no es el fenómeno climático ni la tormenta en Estados Unidos, sino la tormenta de irregularidades que sigue persiguiendo a ciertos personajes públicos. El gas, cuando no se controla, explota. Y cuando se oculta, asfixia.
La responsabilidad cívica exige algo más que sarcasmo. Exige respuestas claras, investigaciones a fondo y consecuencias reales. No para vengar, sino para sanar. No para exhibir, sino para corregir. Veracruz —y México— no pueden darse el lujo de normalizar la sospecha permanente.
Porque cuando un funcionario huele a gas en dos frentes —el técnico y el financiero—, el verdadero riesgo no es el corte de suministro, sino la explosión de la impunidad.
