Crecen inquietudes empresariales por posibles conflictos de interés en el ámbito fiscal de Veracruz.
Y es que en los últimos días, empresarios veracruzanos han manifestado preocupación ante presuntas situaciones que podrían configurar conflictos de interés dentro de la estructura de fiscalización estatal.
De acuerdo con versiones que circulan en el sector empresarial, existiría la inquietud de que servidores públicos vinculados a funciones de auditoría o revisión fiscal mantendrían, de manera paralela, actividades privadas relacionadas con asesoría en la misma materia.
Tal es el caso de la subdirección de visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, cuyo titular ostenta el cargo público y a la vez dirige un supuesto “despacho de consultoría empresarial” cuyas funciones están relacionadas a “ayudar” a los contribuyentes a salir bien librados de las revisiones que se realizan.
Aunque no existe hasta el momento una denuncia formal presentada ante las autoridades competentes, diversos actores consideran necesario que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y los órganos de control interno aclaren públicamente cualquier posible incompatibilidad de funciones.
Especialistas en derecho administrativo señalan que, de confirmarse algún vínculo entre funciones de fiscalización y asesoría privada en el mismo ámbito, podría configurarse un conflicto de interés que ameritaría investigación por parte de la Contraloría General del Estado o de la Fiscalía Anticorrupción.
Ante este escenario, representantes empresariales hacen un llamado a la transparencia institucional y a la revisión exhaustiva de los procesos de fiscalización, con el fin de garantizar certeza jurídica y evitar cualquier percepción de presión indebida.
La confianza en las instituciones fiscales es un pilar para el desarrollo económico del estado, por lo que cualquier señalamiento debe ser atendido con claridad y apego a la legalidad.