La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de haber desviado durante su mandato 5 millones de pesos que estaban destinados a obras de salud en beneficio de niños y adultos mayores.
El ministerio público señaló durante una audiencia que duró casi siete horas que Duarte de Ochoa dirigía una red de funcionarios que utilizaban los recursos federales destinados a distintas áreas de desarrollo, para pagar salarios de los trabajadores de la entidad, y para ello mezclaban fondos estatales con federales, y también obtenían beneficios de ello.
El ex gobernador rechazó las acusaciones y calificó las pruebas presentadas por el Ministerio Público como «una bola de sandeces» y resaltó que «el Poder Judicial es un instrumento político del Estado».
El ex gobernador veracruzano participó en cuatro ocasiones en el debate, y cuando se discutía el tema de la medida cautelar, señaló que el tema de fondo, «es que no salga de la cárcel».
En la audiencia, el ex gobernador de Veracruz aseguró que es una “instrucción política” la razón para mantenerlo en prisión.
“La instrucción es que Javier Duarte no salga de prisión. Pónganle lo que sea, fabríquenle lo que sea, pero pónganle una medida cautelar que evite que salga de la cárcel”, señaló.
El juez Gustavo Aquiles Villaseñor le contestó que los juzgadores nunca han sido políticos y que él cree en la independencia judicial, y le decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
El delito de peculado podría alcanzar una pena de dos a 14 años, aunque la Fiscalía advirtió que al ser agravado puede durar hasta 21 años.
La supuesta triangulación de recursos habría sido supuestamente operada por, al menos, cinco funcionarios estatales de Veracruz, quienes abrían dispersados los recursos entre los años 2012 y 2014.
Para sustentar esta acusación, la FGR presentó 38 pruebas en contra del exgobernador, entre las que resaltó una declaración de Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero y subsecretario de Finanzas de Veracruz, que describió la supuesta triangulación de recursos.
El juez programó una audiencia para el próximo martes 17 de febrero, en la que determinará si vincula a proceso o no al exgobernador por la presunta comisión del delito de peculado.
Esta medida podría frustrar la salida del exfuncionario del Reclusorio Norte, que en el próximo mes de abril cumplirá la única condena en su contra de nueve años de prisión, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Duarte califica como «bola de sandeces’ nueva acusación en su contra
Durante la audiencia, que inició a las 09:00 de la mañana de este jueves, Duarte de Ochoa pidió la palabra para descalificar las evidencias presentadas ante el juez por los fiscales de la FGR.
Dijo que se trata de “una bola de sandeces”, pues solo en tres de los 38 datos de prueba se le menciona. “Pueden decir misa”, reprochó Duarte ante el juez Villaseñor, “pero no hay un solo dato verificable que me vincule con el delito”.
También cuestionó que en uno de los tres datos de prueba donde sí se le menciona, sea una declaración hecha por un testigo colaborador de la FGR, cuya veracidad puso en duda.
Y dijo que otro dato de prueba que se presenta en su contra es un decreto del 19 de diciembre del 2011 “que efectivamente yo emití”, pero que, agregó, no prueba que él haya cometido un delito.
Audiencia se había pospuesto por salud de la defensa de Duarte
Durante la audiencia, Duarte no estuvo acompañado de los representantes legales titulares de su defensa, encabezada por Pablo Campuzano, quien supuestamente convalece en un hospital, pero sí hubo personal del despacho que lo representa.
Cabe destacar que la audiencia se había pospuesto en al menos tres ocasiones, la última por la cuestión clínica de los abogados. El lunes pasado, tras el aplazamiento de la audiencia, el juez Villaseñor acusó que se trataba de prácticas dilatorias.
Por ello, el juez advirtió que en caso de que en la próxima audiencia no acudieran los abogados, se designará a uno de oficio, lo cual al final no ocurrió.
Al final, tras la imputación, Duarte de Ochoa y su defensa solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será el martes 17 de febrero próximo cuando se defina su situación jurídica.
En tanto, Duarte permanecerá preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Cabe destacar que, en abril próximo, el ex gobernador de Veracruz está a punto de cumplir una sentencia de 9 años de prisión que se le impuso por el delito de operaciones de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Si no procede la imputación hecha por la FGR, podría quedar en libertad.