La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump violó la ley federal al imponer unilateralmente aranceles generalizados en todo el mundo, en una contundente derrota para la política exterior de la Casa Blanca y la agenda económica del presidente.
Esta decisión es posiblemente la derrota más importante que ha sufrido la segunda administración Trump en la conservadora Corte Suprema, que el año pasado se pronunció repetidamente a favor del presidente en una serie de fallos de emergencia sobre inmigración, el despido de líderes de agencias independientes y profundos recortes al gasto público.
«La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no autoriza al presidente a imponer aranceles», concluye el Alto Tribunal, de mayoría conservadora, que por una mayoría de 6 a 3 ha respaldado la sentencia de un tribunal inferior que ya había sentenciado que el recurso a esta ley de 1977 por parte del presidente excedía su autoridad.
De este modo, el Supremo rechaza la interpretación del Gobierno de que la IEEPA otorgaba al presidente la facultad de imponer unilateralmente aranceles ilimitados y que no está sujeto a las significativas limitaciones procesales de otras leyes arancelarias y subraya que la Casa Blanca debe «aducir una autorización clara del Congreso» para justificar su extraordinaria atribución de la facultad de imponer aranceles.
REGULACIÓN A LOS ARANCELES
En este sentido, considera que la concesión de la IEEPA de la facultad de «regular… la importación» es insuficiente y recuerda que esta legislación de emergencia no contiene ninguna referencia a aranceles ni derechos, añadiendo que «hasta ahora ningún presidente ha leído la IEEPA para conferir tal facultad».
«No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores. Reivindicamos únicamente, como es debido, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de dicho papel, sostenemos que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles», concluye.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria y el tribunal acordó por 6 votos a 3 que los aranceles estaban por fuera de la ley.
“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió Roberts para el tribunal. “A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”.
La facultad de emergencia en la que Trump intentó basarse, según el tribunal, “es insuficiente”.
En su opinión, Roberts descartó un argumento de la administración según el cual el presidente tenía la facultad de usar los aranceles para regular el comercio. Este fue un tema que surgió durante los argumentos orales del año pasado, cuando Trump sugirió que como presidente tenía la autoridad inherente de imponer los aranceles.
El presidente estadounidense advirtió a mediados de enero de que si la Corte se pronunciaba en contra de las tarifas, sería «un completo desastre» que obligaría al país al reembolso de «billones» de dólares.
Los aranceles globales anunciados por Trump en abril de 2025 fueron impugnados por una docena de estados de EEUU y por empresas estadounidenses que consideran que el presidente se extralimitó al imponer los gravámenes mediante órdenes ejecutivas citando la IEEPA, legislación que, en ciertas circunstancias, otorga al presidente la autoridad para regular o prohibir transacciones internacionales durante una emergencia nacional.
