Sr. Director de Versiones:
Si alguien tenía la esperanza de que en Servicios de Salud de Veracruz comenzaría una etapa de reordenamiento administrativo con la con la llegada de la doctora Mariela Hernandez García como secretaria y Elizabeth Escamilla Reyes como directora administrativa, pues debe perder las esperanzas de una vez ya que el área de Recursos Humanos vuelve a colocarse en el centro del escándalo.
La Subdirectora Marcela Pozos Jerónimo y la Jefa del Departamento de Prestaciones Sociales Ana Victoria López Pérez,buscando controlar a los sindicatos para poder continuar ellas con el negocio de la venta de plazas que vienen desarrollando, habrían impulsado la cancelación de licencias sindicales a personal agremiado, en un movimiento que ya generó tensión directa con organizaciones sindicales.
Lo que pretendía ser una medida disfrazada de “control administrativo” terminó exhibiendo algo más preocupante: improvisación y desconocimiento jurídico.
Aquí les contamos del operativo fallido, pues Personal de Recursos Humanos acudió a notificar a sindicatos sobre la cancelación de licencias, acompañados por los flamantes abogados de esa subdirección con la intención de dejar constancia formal en caso de negativa de recepción.
El problema es que, de acuerdo con fuentes sindicales, los oficios presentaban deficiencias técnicas, errores de fundamentación, redacción imprecisa, destinatarios equivocados e inconsistencias en su sustento normativo. Y es que como dice la frase: la ignorancia es atrevida.
El resultado fue un escenario incómodo: no hubo necesidad de confrontación, porque los propios documentos debilitaban la acción; el propio contenido hacía insostenibles sus intenciones, por lo que derrotados tuvieron que regresar a SESVER.
Y es que es tal el desconocimiento de estas titulares que olvidan algo básico y es que cuando una autoridad intenta ejercer una medida de presión y no puede sostenerla jurídicamente, el mensaje es claro: el problema no es político, es técnico y que gobernar no es improvisar.
Todo esto una vez más nos deja más preguntas que respuestas
¿Por qué precipitar una decisión de alto impacto sin blindarla legalmente?
¿Quién autorizó esa estrategia?
¿Está enterada la nueva Secretaria de Salud y la nueva Directora Administrativa de la forma en que se están conduciendo estas acciones?
y sobre todo ¿Están enteradas la Secretaria y la Directora Administrativa Elizabeth Escamilla Reyes del negocio que mantienen las titulares de recursos humanos con las plazas?
Si es así que vergonzoso que en tan poco tiempo ya sean parte de la corrupción con la que estas personas se manejan.
En un contexto donde SESVER ya viene arrastrando cuestionamientos por pagos, prestaciones y conflictos laborales, abrir un frente innecesario con sindicatos solo profundiza la crisis.
Si el área de Recursos Humanos continúa tomando decisiones sin sustento sólido, el costo no será solo administrativo: será político.
Porque cuando una dependencia estratégica entra en confrontación con sindicatos por errores de forma y fondo, la gobernabilidad interna comienza a fracturarse.
La pregunta ya no es si hubo torpeza porque eso ha quedado claro una y otra vez con cada acción que intentan ejecutar las titulares de Recursos Humanos; la pregunta es quién va a asumir la responsabilidad por ella.
Y sobre todo: ¿cuánto más puede tensarse SESVER antes de que el conflicto deje de ser interno y se convierta en un problema político mayor que le explote en la cara a la gobernadora?
NOTA DE LA REDACCIÓN: Los denunciantes solicitaron mantener sus datos en reserva.
