En un tema no menos importante, a través de una carta organizaciones de la sociedad civil pidieron al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, que promueva una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, aprobada en diciembre de 2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero pasado.
Los organismos civiles señalan que esta nueva norma contiene restricciones y riesgos, pues el enfoque de diversas de sus disposiciones restringe derechos fundamentales.
Entre sus principales preocupaciones, enumeran el riesgo de que “por falta de claridad en la redacción de la ley se puedan imputar delitos a personas o comunidades opositoras a proyectos energéticos”, así como “la presencia de diversas cláusulas que refuerzan la restricción al derecho de acceso a la información” y que “se obstaculice el trabajo de investigación, promoción y defensa de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil, pues dicha ley dispone en el artículo 18 sancionar a quien directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, a sabiendas que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada en esta ley.”
Esto tiene particular relevancia en Veracruz, donde precisamente existen movimientos sociales en contra de la instalación de presas, minas y proyectos de extracción de hidrocarburos mediante fracking, que con esta ley serían criminalizados y reprimidos por la vía judicial.
“En un ambiente generalizado de criminalización de la protesta social, agravan las condiciones de vulnerabilidad de los actores sociales que legítimamente y en ejercicio de sus derechos buscan información, se organizan y expresan su oposición de cara a proyectos que los afectan”, señalas las organizaciones civiles firmantes, entre las que se encuentra La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).
