Hoy entra en vigor la Ley General de Víctimas, después de un largo proceso, no exento de controversias. La norma incluye medidas para la elección de las autoridades responsables en la atención a víctimas, así como la coordinación con entidades federativas para la aportación y manejo de los fondos de ayuda y reparación integral del daño.
En los transitorios del acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación se indica que, por única vez, el responsable de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) será a propuesta de presidente Enrique Peña Nieto, la cual deberá tener el aval de la sociedad civil y el Senado.
Por única ocasión, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el titular del Poder Ejecutivo federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, remitirá al Senado la propuesta de nombramiento del comisionado ejecutivo, quien durará en el cargo tres años. En adelante la designación del comité ejecutivo se realizará de acuerdo con el artículo 85 de esta ley.
Agilizar toma de decisiones
Entre tanto, con la publicación de la ley, Julio Hernández Barros dejó de ser este martes presidente de la CEAV. Ahora, en tanto el Senado nombra al nuevo presidente del organismo, estará al frente de la comisión Rubén Vasconcelos Méndez, quien se desempeña como director general de la Asesoría Jurídica Federal de la misma CEAV.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dijo que con la reforma a esta Ley General de Víctimas la CEAV se organizará de manera unipersonal, a cargo de un comisionado ejecutivo, con el objetivo de agilizar la toma de decisiones en aspectos que requieren reacción inmediata para atender a las víctimas. Es por ello que adelgazará su estructura y fortalecerá las áreas de asesoría jurídica y atención de víctimas.
El comisionado contará con la asesoría y apoyo de una asamblea consultiva, integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos. Como cualquier otro organismo descentralizado de la administración pública federal, contará con una junta de gobierno que conocerá exclusivamente los asuntos administrativos que atañen a la entidad. En ningún caso intervendrá en las decisiones de recursos del fondo de ayuda, comentó en entrevista.
En cuanto a lo calificado de ventajas, se refirió la entrega por anticipado de ayudas a afectados. Como segundo punto, se refirió a la atención, por parte de la CEAV, para observar casos –e incluso atraerlos– sin tomar en cuenta si son del fuero federal o común.
Destacó la ampliación de la cobertura de atención y asistencia de víctimas como traslados para recibir atención médica o para solicitar medidas de seguridad. El fondo podrá cubrir los peritajes y servicios de expertos independientes que sean necesarios incluyendo los que se requieren en los casos de exhumaciones.
En un comunicado, la CEAV destaca que con la publicación de la nueva ley en la materia termina la gestión del comisionado presidente Hernández Barros y del comisionado Adrián Franco Zevada, quienes fueron nombrados en octubre de 2013.
Además, informaron que desde el pasado 10 de octubre a la fecha, breve periodo en el que Hernández Barros estuvo al frente de la CEAV, se entregaron a las víctimas 64.6 millones de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, al agilizar los trámites para la entrega de recursos, con una atención más eficaz y cercana a las víctimas directas e indirectas.
Esta cifra entregada a las víctimas, según la CEAV, equivale a 62.9 por ciento de los recursos que se erogaron en el periodo de noviembre de 2014 al 9 de octubre de 2016, lapso en el que se otorgaron 102.7 millones de pesos con cargo de dicho fondo de ayuda.
