Las acciones vandálicas que se registraron en varias empresas deben ser investigadas porque sin duda alguna tiene un trasfondo y eso ha puesto en riesgo el estado de Derecho de miles de ciudadanos, de inversiones y fuentes de empleo que generan una importante economía, consideró el analista político Pablo Morales Falcón.
Dejó en claro que no se trata de vandalismo ni actos de rapiña, sino más bien de delitos que la autoridad competente debe perseguir y castigar para evitar que se afecte con ello a una sociedad cuya economía ya de por sí viene afectada.
Con la consumación de delitos por saqueos, empresas y empleados son los más afectados y con ello sobreviene el riesgo de cierre de establecimientos y la posibilidad de huida de capitales.
Por ello señaló que no sólo se trata de los daños económicos que se han ocasionado ni del riesgo de la pérdida de fuentes de empleo por el cierre de algunos establecimientos, sino también de violentar el estado de Derecho que tienen todos los ciudadanos para vivir en armonía dentro de una sociedad.
Morales Falcón precisó que es responsabilidad de la Fiscalía General de Veracruz y la propia procuraduría General de la república, los organismos encargados de llegar hasta las últimas consecuencias y castigar a los responsables de estos delitos.
Precisó que estos actos dejan en evidencia la actuación de grupos bien organizados dedicados a delinquir, tomando como argumentó la protesta por el alza al precio de las gasolinas y combustibles.
Por ello explicó que debe ser la misma sociedad quién exige a las autoridades una investigación a fondo en tanto que deben hacer uso responsable de las redes sociales evitando se genere psicosis colectiva, pues lamentablemente a estas tienen acceso personas sin criterio o mal informadas que lo único que hacen es invertirle a una política del miedo.
