Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se retiraron en secreto 240 mil 518 millones de pesos del patrimonio nacional invertido en Pemex y CFE, situación que contribuyó a descapitalizar a las dos empresas productivas del Estado, cuya falta de liquidez representa un enorme peligro para la estabilidad de la economía mexicana.
Estos retiros al patrimonio nacional se realizaron de 2013 a 2015 mediante diversas solicitudes emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmadas por el subsecretario de Ingresos Miguel Messmacher, en las cuales se solicita a los directores de Pemex y CFE realizar los pagos correspondientes por concepto de “Aprovechamientos”. Por medio de ellos, el gobierno federal obtuvo ingresos extraordinarios que pasaban desapercibidos en el paquete económico que el Ejecutivo entrega cada año al Congreso al ser etiquetados en el rubro de “Otros”, sin mayor especificación.
Documentos obtenidos por el Huffington Post México a través de solicitudes de información, revelan que Pemex realizó dos pagos: uno por 65 mil millones de pesos en diciembre de 2013 y otro por 70 mil millones en diciembre de 2014, montos que en total suman 135 mil millones de pesos.
Por su parte, la CFE realizó tres pagos a la SHCP: uno por 30 mil 600 millones de pesos en 2013; otro por 31 mil 518 millones en 2014 y otro por 43 mil 400 millones en 2015 (este último realizado en dos partes). De este modo, Hacienda obtuvo un total de 105 mil 518 millones de pesos adicionales a expensas de la CFE.
RETIRO DEL PATRIMONIO INVERTIDO
Para solicitar estos retiros a las empresas públicas del sector energético, la Secretaría de Hacienda utilizó una figura legal poco conocida, llamada “Mecanismo de Retiro del Patrimonio Invertido de la Nación”. Esta maniobra propicia que los recursos obtenidos así puedan ser utilizados a discreción a la hora de rendir cuentas, según ha advertido la Auditoría Superior de la Federación en su informe de la Cuenta Pública 2014.
En su auditoría financiera y de cumplimiento sobre Ingresos Públicos Presupuestarios, Gastos Fiscales y Precios y Tarifas del Sector Energético, el órgano fiscalizador emitió una recomendación a la SHCP para transparentar el dinero utilizado discrecionalmente y obtenido a través del rubro “otros aprovechamientos”. Sin embargo, los informes de Hacienda no especifican el origen preciso de dichos recursos.
La SHCP respondió a las observaciones de la Auditoría argumentando que “no todos los ingresos excedentes generados son gestionados para dictamen por la autoridad competente”, lo cual significa que no existen los registros necesarios para rastrear puntualmente el origen y el destino de los retiros.
FINANZAS PÚBLICAS OPACAS
“Es el tema más opaco de las finanzas públicas”, señala el diputado federal Vidal Llerenas (Morena), quien considera que la discrecionalidad con la que ha operado el gobierno de Peña en materia de gasto público a través del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha generado una bomba de tiempo para las finanzas del país.
El legislador explica que a pesar de que en los últimos años algunos diputados y representantes de organizaciones civiles han ejercido presión para que Hacienda aclare el origen preciso de los ingresos excedentes de 2005 a la fecha, el proyecto del presupuesto presentado por la SHCP para 2017 incluye un monto de 56 mil 312 millones de pesos que simplemente vienen identificados como “Otros de Otros” dentro del rubro de “Aprovechamientos”.
De acuerdo con datos de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, de 2013 a junio de 2016, el gobierno de Peña ha obtenido un monto adicional de 1 billón 122 mil millones de pesos por aprovechamientos cuyo origen sigue siendo un misterio, según las cifras oficiales.
“No tenemos claridad de cómo queda contabilizado. Es un tema de gran discrecionalidad que pasa por alto las autorizaciones de esta soberanía”, señala la diputada Minerva Hernández (PAN).
La legisladora blanquiazul agregó que resulta preocupante que una parte de los ingresos del gobierno federal provenga de fuentes cuya sostenibilidad es cuestionable.
“Esto implica que el gobierno federal consideró como ingresos recursos que provienen de la descapitalización de las empresa productivas del Estado, lo cual es muy delicado, y también otro tanto de los ahorros de las entidades paraestatales. Desde luego, no se cuenta con ninguna justificación para estas decisiones ni tampoco un análisis de impacto que generan estas medidas”, aseguró la legisladora.
Desde la crisis financiera de 2008, detonada a nivel global por el problema de las hipotecas de mala calidad (subprime) en Estados Unidos, el gobierno ha estado utilizando de manera recurrente el dinero del patrimonio nacional para mantener a flote las finanzas públicas. Sin embargo, el tema salió a la luz cuando un grupo de organizaciones civiles descubrió que los ingresos excedentes que el gobierno reportaba simplemente como “otros aprovechamientos” eran de origen desconocido a pesar de presentar montos muy altos.
El informe de la Auditoría reveló que además de Pemex y CFE, el gobierno utilizó dinero proveniente de las cuotas de pensionados del ISSSTE y recursos de Nacional Financiera para gastar más del dinero aprobado por la Cámara de Diputados en 2014.
CALDERÓN TAMBIÉN USÓ RECURSOS DEL PATRIMONIO NACIONAL
Sin embargo, la investigación del Huffington Post revela que Peña no ha sido el único en aprovechar el patrimonio nacional para usarlo en gasto corriente, ya que en 2012 el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón también utilizó el mecanismo de Retiro de Patrimonio Invertido de la Nación para obtener ingresos por más de 30 mil 522 millones de pesos, un monto superior a lo aprobado por el Congreso. De este monto, destacan dos aprovechamientos en particular: uno de la CFE por más de 24 mil 757 millones de pesos y otro a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por 1 mil 050 millones de pesos (pagados en dos partes). Muchas de las solicitudes emitidas por la SHCP fueron firmadas por el ahora director de Pemex y en ese entonces subsecretario de Ingresos de Hacienda, José Antonio González Anaya.
CAJA NEGRA, CAJA CHICA
En su informe, Descifrando la Caja Negra del gasto, la organización civil México Evalúa señala que la opacidad, discrecionalidad y mala gestión del dinero público han impedido que el gasto pueda impulsar un mayor crecimiento económico.
“Este presupuesto es como una Caja Negra, sin regulación suficiente”, señala el documento de México Evalúa. “Parece que se perpetúa la costumbre de ejercer recursos extra presupuestarios porque así estos gastos se realizan al margen de la discusión entre poderes”, añade el informe.
De este modo, el retiro al patrimonio de Pemex y CFE por 240 mil millones de pesos y los recortes presupuestales de los años recientes, han contribuido al proceso de descapitalización que han padecido ambas empresas en los últimos años. De acuerdo con reportes financieros de ambas empresas, al 30 de junio de 2016, el patrimonio total de Pemex presenta un saldo negativo de 1 billón 442 mil 200 millones de pesos mientras que la CFE tuvo un repunte al arrojar un saldo favorable de 239 mil 859 millones de pesos tras siete años de pérdidas patrimoniales.
EL RIESGO AL NO TENER LIQUIDEZ
En este sentido, la pérdida de patrimonio se ha convertido en un enorme lastre para Pemex, empresa que en su reporte de 2015 ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), advierte que su descapitalización puede generar problemas de liquidez y un efecto adverso en su capacidad de inversión.
“Tenemos una cantidad considerable de deuda y otros pasivos, por lo que estamos expuestos a las restricciones de liquidez, lo que podría hacer que sea difícil para nosotros obtener financiamiento en condiciones favorables, podría afectar negativamente nuestra condición financiera, resultados de operaciones y capacidad para pagar nuestra deuda y, en última instancia, nuestra capacidad para operar el negocio en marcha. Tenemos una cantidad sustancial de la deuda, que hemos incurrido principalmente para financiar los gastos de capital necesarios para llevar a cabo nuestra inversión de capital en proyectos”, señala el informe.
“Cualquier nueva reducción de nuestras calificaciones de crédito puede tener consecuencias adversas en nuestra capacidad para acceder a los mercados financieros y/o nuestro costo de financiamiento. Si nosotros somos incapaces de obtener financiamiento en condiciones favorables, esto podría obstaculizar nuestra capacidad para obtener más financiamiento, invertir en proyectos costeados a través de deuda y pone en peligro nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones de pago de capital e intereses con nuestros acreedores”, añade Pemex su último informe presentado ante la SEC.
En semanas recientes, dos de las principales calificadoras de riesgo, Moody’s y Standard & Poor’s, han advertido que la mala situación financiera de las empresas productivas del Estado implica un riesgo para las finanzas públicas de México, cuyo panorama crediticio lleva una revisión a la baja ante los altos niveles de deuda y falta de liquidez en Pemex y CFE.
“La revisión de la perspectiva de CFE y PEMEX refleja el hecho de que una potencial baja de la calificación de México podría traducirse en una acción similar sobre estas empresas pues sus calificaciones se mueven en línea con las del soberano”, informó Standard & Poor’s a través de un comunicado en agosto pasado.
Aunque el subsecretario de ingresos de Hacienda, Miguel Messmacher, aseguró en 2015 que con la entrada en vigor de la reforma energética ya no se realizarían más aprovechamientos o retiros en Pemex y CFE, documentos en poder del Huffington Post evidencian que esto no fue así, ya que en ese mismo año la SHCP solicitó a la CFE un nuevo aprovechamiento por 43 mil 400 millones, según consta en un oficio dirigido al entonces titular de la compañía eléctrica y actual presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.
El Huffington Post solicitó una entrevista con Messmacher o con algún otro funcionario de la SHCP para conocer su versión en torno a los retiros del patrimonio nacional, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.
LOS EFECTOS NEGATIVOS DE UNA MALA GESTIÓN
En este sentido, expertos en finanzas públicas consideran que los aprovechamientos realizados por el gobierno federal a costa del patrimonio nacional, sumado a los altos niveles de deuda y un gasto ineficaz promovido por altos niveles de corrupción, pueden generar una situación de crisis que afecte aún más servicios públicos como educación, salud y combate a la pobreza.
“Es una situación seria porque ha habido muchas señales de que Pemex está en una situación complicada financieramente y eso también te habla que no se están llevando a cabo las inversiones necesarias y que por otro lado estás vendiendo infraestructura con la que ya se contaba, y no sabemos si en estos casos se justifica o no”, comenta Javier Garduño, coordinador de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar, quien considera que combatir la corrupción en el gasto público sigue siendo uno de los grandes pendientes para sanear las finanzas públicas del país.
“Está pegando y va a pegar por partida doble. Por un lado, nos tenemos que asegurar que el gasto en una situación económica compleja realmente se esté ejerciendo para aquello que tiene los mayores impactos y eso no queda del todo claro”, agrega.
Un punto en el que coincide Viridiana Ríos, investigadora del Wilson Center y experta en temas presupuestales, quien apunta que “en el presupuesto de obra pública, entre el 15% y 30% típicamente se dan en moches, la mordida que se da de comisión por obra pública”.
Para Gabriel Farfán, presidente de la Comunidad Mexicana de Gestión Pública para Resultados, el tamaño de los aprovechamientos y retiros hace necesario que exista una mayor claridad en el origen y destino de los montos.
“El tema aquí es cómo darle mayor transparencia, qué tan grandes y cuantiosos son estos aprovechamientos. Y si es una práctica regular o recurrente (…) regularla para dar una mayor transparencia y certeza a la sociedad”, comenta Farfán, quien considera que el alto endeudamiento de México está ligado a una mala gestión de Pemex y CFE.
“El último reporte de la CEPAL menciona que, comparativamente, México es el país de América Latina que más se endeudó y el origen de dicha deuda fueron las empresas públicas”, agregó.
De acuerdo con los expertos consultados, la mala gestión de las finanzas públicas en México ha generado una crisis que se ha traducido en un histórico recorte de 239 mil millones de pesos para el presupuesto de 2017, afectando a grandes sectores de la población a través de una reducción en la calidad de los servicios públicos.
