La presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), Adriana Chávez Tejeda, reveló que el pasivo que distintas dependencias de gobierno, organismos autónomos, instituciones educativas y de asistencia social y municipios, tienen con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), asciende a 621 millones 815 mil 739.73 pesos.
Desde el Palacio Legislativo, donde se llevó a cabo la primera reunión con la Comisión Especial Para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del IPE, reveló que la Universidad Veracruzana (UV), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Fiscalía General del Estado (FGE), los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) y el DIF, se cuentan entre los morosos con el ente.
Chávez Tejeda sostuvo que la insuficiencia económica por la que atraviesa el instituto pone en riesgo el pago de las pensiones y jubilaciones de sus derechohabientes, para lo cual se requieren unos 2 mil 700 millones de pesos de subsidio.
Abundó que al 31 de octubre de 2016, la FGE le debía 34 millones 563 mil 290.27 pesos; el Instituto Tecnológico Superior de Misantla (ITSM), 23 millones 342 mil 651.77 pesos; Sesver, 20 millones 603 mil 29.55 pesos; el DIF estatal, 19 millones 305 mil 297.11 pesos.
Otros de los que mantenían o mantienen cuentas pendientes son Maquinaria de Veracruz (MAVER) por 4 millones 162 mil 80.62 pesos; la Ciudad Asistencial Conecalli por un millón 118 mil 221.66 pesos; el Seguro Social de los Trabajadores del Estado de Veracruz por 224 mil 854 pesos y el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) por 16 mil 742 pesos.
Es por ello que invitó al IPE a cobrar las deudas, afirmando que, «la ley dice y es clara en ese aspecto, que hay que cobrar las deudas del Ente Público que no pague al mayor interés del mercado».
En sus palabras dijo que la lista de patrones incumplidos «da miedo”, de allí que señalara que si el actual gobierno tiene la voluntad política, el problema financiero del instituto se puede resolver. «Sería un triunfo para el Gobierno y el Congreso del Estado», aseveró.
No obstante, abundó que es necesario recuperar bienes inmuebles, refinanciar al organismo y darle una nueva administración distinta a las que ha tenido; de lo contrario seguirá enfrentando la insolvencia económica.
Reconoció que es difícil que el gobierno estatal pueda erogar los 2 mil 700 mdp de subsidio, aunque los beneficiarios cuentan con una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que según ella, «nos protege y como tal nosotros vamos a seguir exigiendo el pago puntual de nuestras pensiones”.
Por otro lado, dijo que ya pidió una audiencia con el nuevo fiscal General del Estado, Jorge Winckler, para conocer los avances en las investigaciones por la denuncias interpuestas el año pasado.
