Para evitar la discriminación de que son objeto las personas con discapacidad en el acceso al empleo tanto en el sector público como en el privado; los diputados integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), presentaron una iniciativa que tiene como fin incorporar la obligación del sector productivo a contratar a las personas con discapacidad.
Sustentan su propuesta legislativa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 27, señala que los Estados Partes, “…reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”.
Ese ordenamiento, indicó la diputada María Josefina Gamboa Torales en la tribuna, señala que las Naciones deberán salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación.
Agregó que la mencionada Convención abunda que deben protegerse los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso y a la reparación por agravios sufridos.
Gamboa Torales recordó que la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del estado de Veracruz, señala en su artículo 21, la obligación del sector público, de destinar el tres por ciento de sus vacantes disponibles a éstas, “siempre que cumplan con los requisitos de ingreso y cuenten con las aptitudes para el desempeño de las funciones correspondientes”.
No obstantes, planteó extenderla a todos los poderes públicos incluidos los organismos autónomos y ayuntamientos; y sea el Estado quien se obligue a garantizar el derecho humano al trabajo.
En el caso del porcentaje de contratación por parte del sector privado, propuso adicionar un párrafo a dicho apartado de la normatividad para señalar de manera expresa, que será la Secretaría del Trabajo Previsión Social y Productividad (STPSP) del Estado, quien reconocerá y certificará a las empresas que cumplan con contratar a personas con discapacidad en el porcentaje de vacantes señalado.
Ante sus homólogos, María Josefina Gamboa reiteró que se debe alentar y promover las oportunidades de empleo en el sector privado y público para las personas con discapacidad, pues es una obligación del Poder Legislativo en el marco del mandato constitucional referido, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
«Garantizar el acceso a un empleo formal para las personas con discapacidad es una obligación que el Estado debe cumplir sin ningún tipo de discriminación, por lo que es indispensable destruir las barreras a la inclusión y los prejuicios acerca de su capacidad de trabajo, por lo que esta iniciativa abona a brindar las oportunidades de un trabajo decente a las personas con discapacidad, desde la Ley», externó finalmente.
