El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, Edel Álvarez Peña, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que el Congreso Local no le aprobó un presupuesto mínimo de 2 por ciento del presupuesto total estatal, como lo establece la ley.
Y es que en vez de aumentarle el presupuesto al Poder Judicial, tal como lo marca la reforma a la Carta Magna de la entidad, el Decreto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobado por la presente Legislatura, refleja una reducción de más de 15 millones de pesos para éste, con relación al 2016.
Esto es, que mientras el año pasado al PJE se le autorizó una partida de mil 494 millones 100 mil pesos, para éste se le autorizaron mil 479 millones 547 mil 177 pesos.
Las áreas de dicho poder que resultan más afectadas con la disminución son el Consejo de la Judicatura que deja de percibir más de 9 millones de pesos para quedar en 940 millones 597 mil 177 pesos, seguido por el TSJ que contará con 2 millones menos para disponer de 356 millones 300 mil pesos y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que ve reducido su presupuesto en 2 millones para situarse en 80 millones 750 mil pesos.
Cabe señalar que el artículo tercero transitorio del Decreto de Egresos 2017 faculta al titular del Ejecutivo, Miguel Ángel Yunes Linares, a hacer las adecuaciones al presupuesto de los distintas dependencias de la administración pública, organismos autónomos y descentralizados, así como a los de los Poderes Legislativo y Judicial, por lo que la partida para el PJE podría establecerse como lo marca la Constitución.
De tal manera que si para 2017 Veracruz contará con 101 mil 988 millones 714 mil 762 pesos de recursos, al Poder Judicial le corresponderían 2 mil 39 millones 774 mil 295.24 pesos, correspondientes al 2 % de autonomía presupuestal aprobada por el pasado Congreso.
El PJE no es el único que vio disminuido su presupuesto para este año o al único que no le respetaron lo establecido en la Constitución, lo mismo ocurrió con la Fiscalía General del Estado (FGE), quien ya presentó su controversia constitucional, y la Universidad Veracruzana (UV) cuyo Subsidio Estatal Ordinario decreció en 175 millones 365 mil 720 pesos, al pasar de 2 mil 293 millones 200 mil pesos a 2 mil 117 millones 834 mil 280 pesos.
A otros entes como la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), le disminuyeron en 600 mil pesos su partida económica, pasando de 20 millones 700 mil pesos a 20 millones 100 mil pesos.
Lo mismo le sucedió al Organismo Público Local Electoral (OPLE) a quien le dejaron el mismo monto que ejerció en 2016: mil 9 millones de pesos, aunque el proyecto de presupuesto aprobado por su Consejo General establece mil 497 millones 677 mil 255 pesos (488 millones de pesos más).
