Este miércoles platicaba con uno de los 12 mil taxistas que trabajan en la zona conurbada de Xalapa; el sujeto que está frente al volante hace referencia, como para abrir conversación, al clima cambiante de la capital veracruzana y se detiene en el tema de los tiempos de traslado en el centro de la ciudad.
Dice el taxista que hasta hace un par de meses, quienes se dedicaban a dicha actividad pensaban dos veces para entrar a la zona centro, donde las marchas, manifestaciones y bloqueos a la circulación vial eran pan de todos los días; “no sé si se ha dado cuenta, pero las protestas ya no son tan frecuentes como antes”. Reflexiona en voz alta el conductor del Tsuru: “igual porque las organizaciones saben que los granaderos van a evitar bloqueos”.
No es necesario mencionar el nombre del taxista ni el número de la unidad que conduce; se trata de una referencia para ilustrar el sentir de un sector de la sociedad que ya estaba cansado de la parálisis del centro de Xalapa, de las manifestaciones y bloqueos a la circulación de los vehículos y, sobre todo, de la actitud contemplativa del anterior gobierno del estado, que permitió que la inconformidad afectaran a terceros.
Xalapa se convirtió, particularmente en el último trimestre de la administración de Javier Duarte, en la capital del caos. Burócratas, organizaciones campesinas y sociales y hasta empresarios y proveedores del gobierno estatal, convirtieron a la ciudad en un verdadero infierno en términos de movilidad y vialidad.
En ese contexto, el cambio en el gobierno estatal significó la oportunidad para que esos problemas, los ocasionados por las marchas, bloqueos y manifestaciones, quedaran en el pasado.
El gobierno encabezado por Miguel Ángel Yunes llegó el primero de diciembre del año pasado y con él llegó también una política que privilegia el diálogo con las organizaciones ciudadanas, campesinas y sindicales, pero que ha determinado que cuando los acuerdos fracasan, el uso de la fuerza pública debe servir para poner orden y evitar afectaciones a terceros. Así las cosas, por ejemplo, fue posible la liberación del bloqueo del puente Coatzacoalcos I, que se mantenía bajo el control de ex trabajadores de Pemex a los que se habían sumado algunos pobladores de las localidades de la zona.
En ese caso, el bloqueo y el control del paso vehicular por parte de los manifestantes se convirtió en el modus vivendi de quienes utilizaron esa protesta para sacar provecho económico.
Habría que comentar que desde la Secretaría de Gobierno, que tiene a Rogelio Franco Castán a la cabeza, se ha coordinado un trabajo de contacto con las organizaciones, que es operado desde la subsecretaría que tiene como titular a Pedro Manterola Sainz.
Ese trabajo permitió que la presa Yuribia dejara de ser rehén de un grupo de ejidatarios de Tatahuicapan, que sistemáticamente cerraban las válvulas para impedir el suministro de agua a los habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque. Recordemos que quienes bloqueaban la presa recibían, en efectivo, más de dos millones de pesos mensuales por parte del anterior gobierno estatal, situación que concluyó con la llegada de la presente administración.
No sólo eso, el trabajo que realiza el gobierno de Yunes Linares a través de las citadas instancias también puso fin a las manifestaciones y cierres a la circulación vehicular de los burócratas; en ese sentido, los sindicatos magisteriales han dejado de lado los bloqueos a calles y avenidas de Xalapa luego de que la fuerza pública impidiera la afectación a terceros del pequeño grupo encabezado por Topacio Citlalli Hernández Ramírez, quien fue detenida justo cuando realizaba un bloqueo; un acto de gobierno que no recibió críticas por parte de los xalapeños, que ya estaban cansados del cierre de la salida a Veracruz.
En otro caso, en Fortín de las Flores, la mano del actual gobierno también fue evidente luego del desalojo de quienes habían tomado la caseta de peaje; era un grupo encabezado por Enrique Guzmán Torres, La Pulga, que exigía obras, láminas, despensas, becas y hasta apoyos extraordinarios para un estudiante de la Complutense, en Madrid; el asunto, agotado el diálogo, derivó en el desalojo por parte de la policía estatal. Fin de un problema que amenazaba con crecer y seguir afectando a la población de la zona centro.
A esos asuntos habría que sumar el diálogo que Secretaría y Subsecretaría de Gobierno han mantenido con organizaciones campesinas que eran un dolor de cabeza para la Sedarpa, la Sagarpa y, en general, para el anterior gobierno del estado. Esa trabajo, por cierto, permitió que organizaciones como el Frente Agropecuario de Desarrollo Rural Integral, UCIM, FOSEC, CCC, FOCIDEM, CAMVER, CONALCIT, UGOCM, UGOVER, FAOCC, FOSVER, UGOCP y otras dejaran de ser un problema.
A esa disposición, finalmente, se debe la relativa tranquilidad y la disminución de las manifestaciones y bloqueos a la vialidad; porque las expresiones de descontento social no pueden, de ninguna manera, afectar al comercio, a la movilidad y a la vida cotidiana de los xalapeños. @luisromero85
