Las cifras publicadas en estudios de investigación elaborados para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resultan alarmantes y obligan a detener la marcha para reflexionar, sobre el rumbo de la política en seguridad pública y combate a la delincuencia, cuyos nulos resultados mantienen a México como un país extremadamente inseguro y de alto riesgo para toda persona que viva, trabaje o nos visite; pero él solo hecho de poner sus pies en territorio nacional, se considera ya causa de riesgo y de recomendación internacional, de «alerta roja» para que cada quien recurra a sus protecciones como mejor le parezca. De poco o nada sirve, que se reúnan los personajes más selectos, según su currícula individual, además de su trayectoria en el servicio público, para decidir y aconsejar al Presidente de la república sobre las acciones a realizar para acabar con el crimen organizado y la violencia; ya que la realidad que se vive en la calle, y ahora, hasta en los centros de educación media y superior; en las iglesias; en los centros de diversión y entretenimiento familiar; en unidades deportivas; y en cualquier sitio público o privado, la muerte deja sentir su presencia, todos los días, sin distinguir colores de piel, religión o clase social de víctimas y victimarios.
El dictamen que da a conocer el BID, señala que los costos que representa para la iniciativa privada y para el sector público, alcanzan la escandalosa cifra de dieciséis mil millones de dólares, cantidad apenas suficiente para el combate al crimen organizado, incluyendo los costos de atención y rescate a las víctimas de la delincuencia, sin contar que muchas de esas víctimas quedan en el total desamparo por imposibilidad laboral; además de que, el cierre de los centros de actividad productiva y comercial, acaba con el sostén primordial de hogares, comercios y establecimientos en general; como si quedaran marcados los negocios por la delincuencia, ya que la repetición de los atracos, así lo hace presumir a los afectados y sus vecinos. Otras estadísticas que publica el BID con referencia a México, aseguran que de diez robos, seis son cometidos con violencia y los cuatro restantes se atribuyen a la confianza ciudadana, que todavía cree en la buena fe de los demás; pero la cifra igualmente alarmante que el gasto criminal, es la de los homicidios con registro en dependencias ministeriales y archivos policiacos; es decir, que del número de homicidios de los que la autoridad tiene conocimiento, solo se resuelve el diez por ciento de la totalidad, quedando sin resolver el noventa por ciento de los crímenes, por incapacidad policial, por corrupción o impunidad.
En tanto las cárceles, del fuero común, cuya dirección y mantenimiento corresponde a los estados de la federación y en algunos municipios a las autoridades locales, presentan condiciones infrahumanas, con hacinamiento hasta de un trescientos por ciento del número de internos para los que se construyeron esos penales; generalmente donde escasean todos los servicios sanitarios y de limpieza personal, alimentos, y medicamentos para la población reclusa y para el personal penitenciario; dándose en tales deficiencias el caldo de cultivo adecuado para convertir los llamados «Centros de Reinserción Social», en auténticas escuelas del crimen; donde generalmente se encuentran recluidos los pobres, que carecen de recursos para contratar buenos abogados o para sobornar a la autoridad judicial, según la práctica reiterada más común, que existe en todos los espacios de aplicación de la ley penal, y que hoy han dado en llamarle el derecho de los pobres; los ricos, los políticos, los poderosos, jamás serán huéspedes de los penales, en tanto sus recursos económicos y «relaciones públicas se los permitan».
Y el tan cacareado Nuevo Sistema de Justicia Penal, abre de par en par las puertas de los reclusorios, para que obtengan su inmediata y absoluta libertad, los que cometan únicamente delitos por enriquecimiento ilícito y otras variables, que mediante la reparación del daño, alcanzan la libertad bajo fianza y en el remoto caso de una vinculación a proceso, poder enfrentar el juicio en libertad. Lo que confirma que el derecho penal sancionador es de los pobres y que los ricos con el viejo o con el nuevo sistema penal, no pisarán la cárcel y cualquier mal entendido se aclara con dinero y el clásico «usted disculpe». De los penales federales, también convertidos en escuelas del delito, se cuentan múltiples relatos que coinciden en la división al interior de cada CEFERESO, en dos áreas, la de aplicación estricta de los métodos de reinserción social para martirizar (a criterio de los custodios y directivos) a quienes «por falta de cooperación o por consigna superior», se les mantiene incomunicados, drogados y sujetos a tormentos de los que antes prohibía terminantemente el articulo 22 Constitucional y que hoy son letra muerta. Amnistía Internacional y los organismos defensores en todo el mundo, de los derechos humanos, han pugnado siempre por terminar con los confinamientos , incomunicación y aplicación de cualquier método de tortura, trátese de quién se trate; así sea el criminal más sanguinario de la historia; pero la lucha por el respeto a la dignidad de las personas y a los derechos humanos, no distingue entre los sujetos destinatarios de su defensoría. La otra área en que se dividen los CEFERESOS, es la que habitan ricos y poderosos delincuentes, quienes gozan de todas las comodidades que pueden pagar, como si se tratara de una estancia en un hotel de cinco estrellas; puesto que, el personal penitenciario y de alta dirección, perciben generosas cuotas que pagan los internos, por poseer todo lo prohibido para los reclusos, como teléfonos celulares, computadoras, televisores, juegos electrónicos, ropa limpia y confortable (según los gustos del interno) buena comida, buenos implementos para el aseo personal, perfumería, reproductores de música, espacios para atender a la visita conyugal y a todo tipo de visitantes; y todo lo que a los caprichos del interno se le ocurran; compañía femenina o masculina, según sus preferencias sexuales; siempre que tenga los recursos y no escatime en aplicar sus bienes, para remediar sus males.
Y hasta podría decirse, que el pueblo, que nunca se se equivoca, apenas supo de la segunda fuga de Joaquín Archivaldo «el chapo» Guzmán Loera, por el famoso túnel que según deducciones de los directivos del penal del altiplano, fue construido por órdenes y patrocinio del delincuente fugado, contando con la complicidad interna y externa del penal; y enseguida surgieron otras versiones que señalaban una contribución o pago del chapo a las autoridades penitenciarias, hasta de mil millones de dólares por recuperar su libertad y salir por la puerta grande del altiplano, como aseguran también quienes conocen el tema, que salió en su primera fuga, por la puerta grande del penal «De Puente Grande», Jalisco; en aquel tiempo se dijo que la contribución fue de cincuenta millones de dólares, con dirección a los Pinos.
Anecdóticamente, se cuenta que el sistema de bombeo de agua al penal de Pacho Viejo, estaba descompuesto desde hacia por lo menos quince días y que coincidentemente un ex gobernador de Veracruz visitaba una escuela en el poblado aledaño al reclusorio, cuando un grupo de familiares de internos se acercó a pedirle que ordenara la reparación del bombeo del agua, que mantuvo sin el vital líquido durante dos semanas a dicho centro penitenciario; y a tanta insistencia al término del evento educativo donde recibió también peticiones para construir aulas y espacios deportivos; accedió y caminó hacia el penal, al que se introdujo solo con tres colaboradores de su más absoluta confianza (el director de espacios educativos entre ellos ), cuando se percató de las deplorables condiciones del edificio que fue construido durante el gobierno de don Rafael Hernández Ochoa y que se encuentra con poco o nulo mantenimiento, entregó el gobernante las peticiones de la escuela al titular de espacios educativos, quien preguntó que si programaba la obra solicitada, a lo que el gobernador le contestó: «No sea usted tontejo, a la primaria espero nunca regresar; pero al interior de este penal, quien sabe, repare o construya unas celdas especiales de primer mundo». Por fortuna todo quedó para el anecdotario político veracruzano.
