Desde el año de 1994 en que el ayuntamiento de Xalapa fue presidido por el licenciado Carlos Rodríguez Velasco, el tránsito municipal de la capital veracruzana, se convirtió en la manzana de la discordia con la Dirección Estatal de Tránsito; pues en los demás municipios de la entidad, por ignorancia, comodidad, desidia o subordinación, los alcaldes permanecieron al margen de la responsabilidad que el articulo 115 Constitucional les impone, de operar el tránsito y la vialidad en cada municipalidad. Ante la confusión de las facultades y atribuciones reservadas unas al estado y otras al municipio, como el otorgamiento de licencias de manejo, que se ha convertido en un filón económico muy importante para mantener (sin subsidio) la operación de la movilidad urbana; y luego la aplicación de sanciones por infracciones a la Ley Estatal de Tránsito y en algunos municipios al Reglamento de Tránsito Municipal, como sucede en la ciudad de Boca del Rio Veracruz, al conductor de transporte público o transporte privado que por desgracia «in fraganti» lo detiene alguna patrulla o los uniformados de a pie de cualquiera de las dos corporaciones, se ve de inmediato privado de sus garantías constitucionales de libertad personal, de propiedad (con la confiscación del vehículo o automotor); o hasta con la aplicación de golpes y torturas en calabozos de seguridad que las autoridades de tránsito de los dos ordenes de gobierno, mantienen al servicio de sus fechorías, con pleno conocimiento de la superioridad en cada caso; y pobre de aquel ciudadano o ciudadana; porque para el caso es lo mismo, que sea hombre o mujer quien sufra el atropello y eleve su protesta, pues hoy a través de las redes sociales, cualquier filme con un teléfono celular, se hace viral y se manipula convenientemente para desprestigiar a cualquier mortal.
Los asaltos y despojos que sufren los conductores de automóviles y sus acompañantes, a plena luz del día y por la noche, según los registros del Sistema Nacional de Seguridad, en un noventa y cinco por ciento, permanecen impunes y las autoridades inculpan a los agraviados, por la falta de formalidad en las denuncias, que permitan dar seguimiento a cada caso hasta encontrar y sancionar a quienes resulten responsables del hecho; pero en contraparte, los agraviados con estos delitos aducen una complicidad «oficial» de los oficiales de tránsito y policías de la guardia civil con jurisdicción en perímetros bien delimitados de las áreas urbanas de cada ciudad; los cuales parecieran espacios dados en usufructo a tránsitos y policías, para llenar alforjas y salpicar a superiores con altas cuotas en las que van incluidas sus ganancias y todo a cuenta de los agraviados y extorsionados por incidentes menores de tránsito, si se trata de un «choque de vehículos» o por incidentes mayores que dejan muertos y heridos en la vía pública, cuando se opone resistencia al asalto a mano armada de la delincuencia.
El otorgamiento de licencias, como se sabe en el medio, es producto de una concesión otorgada a cambio de un pago oficial en las oficinas recaudadoras de Sefiplan; pero también con una jugosa dádiva que llega hasta el más alto nivel, como garantía para los concesionarios que usufructúan el otorgamiento de licencias. Los corralones o depósitos para carros infraccionados, en los municipios del estado, generalmente son espacios abiertos aledaños a las oficinas de tránsito o espacios compartidos con depósitos de carros robados y recuperados que por alguna razón no se entregan a sus propietarios y que surten de todo tipo de refacciones a «raterillos» que le consiguen por encargo esas refacciones y autopartes usadas a los compradores de chueco que nunca faltan. Ni se diga de los automóviles que quedan en depósito en los corralones de tránsito, donde cualquier objeto de valor que por descuido dejan sus propietarios en su interior, porque sin duda cambiará de dueño y la unidad confiscada, se devolverá desvalijada, sin responsabilidad alguna para las autoridades de tránsito.
Y cuando a las autoridades municipales no les «interesa» como objeto de recaudación los ingresos por la operación del tránsito citadino, el descuido y abandono de ese servicio público tan importante, se deja a la autoridad que represente el síndico o el secretario del ayuntamiento, quienes según su criterio personal, aplican multas y otorgan dispensas, mediante convenios administrativos que no tienen validez, por falta de fundamentación jurídica en la Ley Orgánica del Municipio Libre, en el Reglamento de Tránsito o en alguna otra disposición que hubiera sido aprobada por el Cabildo. Los lugares apartados en la vía pública, donde se prohíbe el aparcamiento en lo general, son utilizados como estacionamientos particulares de los beneficiarios (generalmente vecinos del lugar) que a cambio de una cuota extraoficial, pagan a las autoridades de tránsito, para mantener libre el espacio destinado a sus vehículos, o a los de sus clientes en el caso de comercios, cantinas o centros de diversión. De nada sirven los miles de letreros colocados sobre bardas perimetrales, postes de CFE o de Telmex, o incluso en los postes de los semáforos, para prohibir el estacionamiento en la zona o las vueltas en retorno o en sentido contrario, que los automovilistas incumplen, puesto que a mayor número de infracciones, más jugoso se vuelve el crucero correspondiente.
La delincuencia organizada, también participa cobrando el famoso «derecho de piso», a los usufructuarios de esta cadena de corrupción que genera la operación del servicio de tránsito y vialidad, sin que la PGR haya podido hasta la fecha, desarticular las organizaciones criminales, que aparte del derecho de piso, viven del robo de automóviles y de los servicios de información, espionaje y seguimiento utilizados para las operaciones del trasiego, distribución y venta de la droga que pasa por el territorio veracruzano o que se consume en las principales plazas turísticas de la entidad. Lo mismo sucede con los cuerpos de policía municipal, a los que tradicionalmente se acusaba de inoperancia, por andar cuidando los pasos de los alcaldes, afuera de las cantinas, casas de citas y table dance, en lugar de efectuar los servicios de vigilancia y seguridad pública para los ciudadanos, puesto que, de lo que siempre se acusaba a la policía es de complicidad con raterillos que se metían a domicilios deshabitados, o a detener en la vía pública a inofensivos «borrachitos» para bolsearlos y despojarlos de la morralla o cualquier objeto que portaran de relativo valor. Hoy la policía municipal es acusada de estar al servicio del narcotráfico y las bandas crimínales de delincuencia organizada, cuyo negocio principal es la industria del secuestro, que termina en muchos casos con desaparición forzada de sus víctimas. Y si el Gobierno Federal, los treinta y dos gobiernos de los estados y todas las corporaciones policiacas del país, no han podido acabar con la corrupción, delincuencia e impunidad; porque ya se vio que la penetración del crimen enfermó y acabó con los ocho gobernadores que acaban de terminar sus encargos entre tanto latrocinio y despojo a los erarios de sus estados, comenzando con el campeón de la operación licuadora, doctor Javier Duarte de Ochoa, quien permanece huido, gastando miles de millones que en los próximos cincuenta años habremos de pagar todos los veracruzanos; como puede pedirse a las policías municipales y a los agentes de tránsito, que dejen de robar y rompan sus vínculos con la mafia.
Un replanteamiento basado en los principios éticos y morales de una nueva sociedad, comprometida con su presente, para forjar el bienestar de su futuro y de la herencia que dejará a su descendencia, es lo único que puede salvar a la patria; y después de la marcha de ayer, la reflexión sobre la unidad nacional, el concepto de soberanía y las instituciones públicas, deben convertirse en nuestra prioridad.
