Uno de los pilares del proceso de modernización de la ley laboral en el país, que se ha identificado como “justicia laboral cotidiana”, es transformar a las Juntas Federal, Especiales y Locales de Conciliación y Arbitraje (las juntas) en órganos ágiles y transparentes de conciliación a nivel federal y que estos árbitros formen parte de los poderes judicial federal y locales para que los derechos de los trabajadores sean tutelados y respetados.
Y en especial, entre esos derechos está el tema de los “sindicatos blancos” o, el terminar de una vez por todas con el hecho de que esas “juntas” se tornen en representantes de las empresas o de los abogados de las empresas. Por eso el litigio que saltó ayer a medios, impulsado por Tenaris Tamsa, que en México encabeza Sergio de la Maza llama mucho la atención.
Primero, porque es la empresa la que está presentando una denuncia pública sobre una posible actuación irregular en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 45, que preside Marco Antonio Choy Escobar, en Veracruz, dado que invalidó el proceso en el que fue reelecto Pascual Lagunes Ochoa, como secretario general del Sindicato Nacional Unidad y Progreso (SNUP) y quien tiene 25 años en esa posición.
Él recibió la toma de nota el 26 de septiembre del año pasado y con todo y ese proceso se registró una asamblea convocada para el 1º de octubre próximo por el líder disidente y persona non grata en Tamsa, José Carlos Guevara,
en la que aparentemente ganó la elección.
El segundo elemento que brinca, es que la empresa asegure que esa elección no se dio porque no hubo ausentismo notable de trabajadores el 1º. de octubre en la empresa, por lo que no pudieron haber salido a votar como documenta Guevara y, el tercero es que la documentación se haya presentado hasta el 30 de enero de este año y, que la citada Junta haya tomado la decisión de invalidar la toma de nota de Pascual y otorgarla a Guevara.
La justificación de Tenaris Tamsa para intervenir, no ante la autoridad laboral o judicial, sino con denuncia en medios, es el argumento de que la segunda toma de nota pareciera ser sustentada en documentación falsa, y por ende no reconocen al disidente, al que incluso dicen que corrieron, no es trabajador de Tamsa desde 2013 por haber participado en actos violentos (fue en el pasado enfrentamiento electoral) y porque, incluso, media una denuncia penal (que obviamente no ha procedido dado que está libre).
Es interesante, porque se argumenta que la empresa está preocupada por la incertidumbre que se abre, insiste en defender a Pascual Lagunes y, en lugar del líder inconforme es la empresa la que cuestiona la actuación de la JFCA y la resolución del 30 de enero y pide la intervención de Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y, de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, para eliminar la incertidumbre que este proceso ha abierto sobre la plantilla laboral, porque “pone en riesgo la estabilidad de sus operaciones”.
Y la pregunta es: ¿por qué se resuelve este asunto de manera distinta en la Junta de Veracruz casi cuatro meses después de ocurrida la asamblea, y por qué la empresa defiende a Pascual que tiene más de 25 años y cuando termine el periodo tendrá 30 al frente del Sindicato de Tamsa?
Fíjese: en la empresa laboran unos cinco mil trabajadores, pero menos de mil 500 tienen planta sindical y para elegir líder deben tener planta. Al SNUP se le entregan las cuotas sindicales de cinco mil trabajadores e inclusive es éste el que les entrega los bonos de productividad de los trabajadores, que ni siquiera tienen claro cuánto pueden ganar ni cuanto están pagando al sindicato.
El caso atrae, porque permite mostrar el cuestionamiento de fondo detrás del planteamiento de justicia laboral. Si mediara conciliación, evidentemente se podría ordenar que se convoque a una elección en la que en principio, se podría validar si Guevara cumple o no con las condiciones para ser electo secretario general, puesto aparentemente no tiene vínculo laboral con la empresa y su disputa laboral está sub júdice, y segunda, se podría realmente verificar que los trabajadores tengan un claro sistema de representación y si efectivamente Pascual cuenta con el voto de todos los que pagan una cuota sindical, no los trabajadores que tienen base, porque esa diferencia es muy probable que esté detrás de un trato laboral injusto.
Le puedo anticipar que habrá reunión en la Secretaría del Trabajo a más tardar el jueves, pero, ojalá logren responder a las siguientes preguntas: ¿Las juntas de Conciliación y Arbitraje representan, hoy, a los patrones de México?, ¿a todos los patrones de México o algunos patrones? Y más precisamente, ¿a algunos despachos que representan a los patrones? ¿Las juntas de Conciliación y Arbitraje representan hoy a los sindicatos y a los trabajadores de México o algunos sindicatos o algunos representantes de sindicatos? Yo no las hice. Se las hicieron los integrantes del Congreso de la Unión en los Foros de Justicia Laboral.
DE FONDOS A FONDO
#Nissan-Renault. México se ubicó como el sexto mercado más importante por ventas para la Alianza Renault-Nissan, que preside y dirige Carlos Ghosn, con 449,406 vehículos y una participación de mercado de 28.02%. Evidentemente, la operación en México, que dirige Mayra González, es la que puntea en la alianza, pues para Nissan es el cuarto mercado con 403,286 y 25.1% de participación. Le comento esto porque aun cuando se despide el Nissan Tsuru, el icónico vehículo que durante más de tres décadas ha coadyuvado a liderar las ventas en el mercado mexicano de baja gama, ha logrado que la edición especial “Buen Camino” de Nissan Tsuru, la empresa se anote otro gooool de ventas en México. (EXCELSIOR/ CUENTA CORRIENTE/ ALICIA SALGADO)
