He aquí una de muchísimas historias de injusticia en este país. Sus protagonistas son “lo peor” que puede tener un mexicano: ser mujer, ser pobre y ser indígena. Por ello debemos celebrar que, después de 11 años de haber sido acusadas indebidamente de venta de droga y de secuestrar a seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), delito por el que permanecieron poco más de tres años presas, la Procuraduría General de la República (PGR) por fin ofreció una disculpa pública a las indígenas Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan.
El drama de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio inició el 26 de marzo de 2006: pobladores de Santiago Mezquititlán, municipio de Amenealco, protestaban por abusos de agentes armados de la entonces AFI, de la PGR, que llegaron a extorsionarlos al tianguis en que trabajaban.
Tres meses después, las tres mujeres, con engaños, fueron llevadas a la cárcel acusadas de secuestro y venta de droga. Jacinta, la mayor de las tres, difícilmente entendía de qué se le acusaba debido a que no habla español. Alberta fue detenida en su trabajo y Teresa en su casa, bajo el argumento de que irían a declarar y regresarían, pero las dejaron detenidas.
Dos años después, hasta diciembre de 2008, un juez les dictó sentencia por 21 años de prisión. En septiembre de 2009, Jacinta quedó en libertad “no por ser inocente, sino porque no encontraron pruebas para inculparla”, argumentó la PGR.
Mientras tanto, a Alberta y a Teresa, se les ratificó la sentencia de 21 años, a pesar que la acusación era insostenible y de la presión política de un grupo de legisladores.
Fue entonces hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó analizar la apelación presentada por Alberta y Teresa, cuya hija Jazmín nació en la cárcel.
Finalmente, por unanimidad, los ministros de la Corte ordenan la inmediata libertad de las dos indígenas al encontrar serias irregularidades en el proceso en su contra.
Ya en libertad, las tres mujeres iniciaron una batalla legal. En este proceso, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó la responsabilidad de funcionarios públicos de la PGR por actos violatorios que ocasionaron daños materiales y morales a las tres mujeres indígenas.
Mario Patrón, representante de Miguel Agustín Pro, dijo que finalmente después de más de 10 años, representantes de las instituciones que las agraviaron reconocerán que las tres mujeres nunca fueron culpables.
Ellas obtuvieron una sentencia inédita que obliga a PGR a pedirles perdón.
Jacinta sigue vendiendo nieve junto con su esposo; Teresa y Alberta producen jitomate en sus invernaderos y siguen bordando muñecas artesanales.
