Luego de que el pasado 22 de febrero la justicia francesa imputara a la jefa de gabinete de la ultraderechista Marine Le Pen, este sábado también su amigo personal Frédéric Chatillon fue citado por estar supuestamente implicado en la presunta financiación ilegal de todas las campañas electorales del racista Frente Nacional (FN) desde que la dirigente accedió al cargo en 2011.
Por ello, Marine Le Pen dirigió el domingo, durante un discurso en Nantes, una serie de amenazas al poder judicial galo que dispararon las alarmas en la sociedad francesa. La líder populista afirmó que, tras las elecciones de mayo, que espera ganar, los jueces “tendrán que asumir las consecuencias” de lo que considera “persecuciones” en su contra hechas con “métodos ilegales”.
Le Pen advirtió que los magistrados deberán “cuidarse mucho” tras las elecciones, cuando, dijo, el actual poder político francés haya sido “barrido” por el FN en las urnas.
CRÍTICAS. Las críticas no se hicieron esperar. El actual presidente, François Hollande, que se mantiene al margen de la campaña, denunció que “no se puede poner en entredicho a los funcionarios en nuestra República”.
También el primer ministro, Bernard Cazeunueve, denunció las palabras de Le Pen. A él se sumaron la secretaría de Justicia, el Sindicato de la Magistratura y dirigentes de una mayoría de los demás partidos franceses.
INMUNIDAD. Le Pen fue citada la pasada semana a comparecer ante policías judiciales que investigan uno de sus casos de corrupción, los falsos contratos que tenían supuestos asistentes suyos en el Parlamento Europeo. Pero precisamente por ser eurodiputada, la xenófoba goza de inmunidad, por lo que se ha escapado, por de comparecer ante la justicia.
Le Pen criticó que se la investigue durante la campaña electoral, y denunció que los jueces no actúen de igual forma contra la migración ilegal o ante las manifestaciones en su contra, y agregó que “la investigación puede hacerse más tarde”.
Sin embargo, el secretario de Justicia, Jean-Jacques Urvoas, aseguró al Journal de Dimanche que “nada justifica” una tregua electoral.
