Tanto nos quejamos de que no se legisla contra la corrupción pero la indiferencia y desinterés viene de los mismos gobiernos estatales, ya que únicamente dos estados del país cuentan con los requisitos mínimos necesarios para arrancar con el desarrollo de su propio Sistema Local Anticorrupción (SLA), es decir, 30 entidades incumplen con su implementación o apenas tienen iniciativas en proceso de aprobación.
A poco más de cuatro meses de que se cumpla el plazo (18 de julio) para que tengan una base sólida desde sus constituciones locales e implementación, sólo Chiapas y Nayarit ya pueden iniciar con los nombramientos de su Comisión de Selección, Comité de Participación Ciudadana y reformas secundarias.
Contrario a estos dos estados, Jalisco, Morelos y Veracruz son los que más observaciones en sus iniciativas presentan, según el Semáforo Anticorrupción.
“Incumplen con varios de los elementos más importantes en la conformación de sus órganos y comités de participación ciudadana, comités coordinadores, secretariados técnicos, tienen deficiencias desde su reforma constitucional; por lo tanto los van a arrastrar a sus reformas locales”, explicó Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Por ejemplo, de acuerdo con la medición del Instituto Mexicano para la Competitividad, Transparencia Mexicana y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Morelos es el estado con el riesgo de inconstitucionalidad más alto.
