Más por costumbre política que porque alguna disposición legal así se los exija, los gobiernos mexicanos, en sus diferentes niveles, se ponen como plazo cien días para comenzar a dar los primeros resultados tangibles de su trabajo.
Esto suele convertirse en un término verdaderamente fatal para los gobernantes cuando, ante las dificultades estructurales con que se encuentran, los quebrantos ocultos que descubren o los problemas nuevos que les explotan en las manos, se cumplen esos primeros cien días sin que haya nada, ni un verdadero logro qué presumir ante los medios y la opinión pública.
Así ha ocurrido en Veracruz, donde este 10 de marzo se cumplen los primeros cien días de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares. Y el saldo de este primer tramo de su gobierno no es positivo. Más bien, ha resultado decepcionante en muchos sentidos.
En primer lugar, su principal promesa de campaña, la que le permitió ganar las elecciones del año pasado, hacer justicia y hacer pagar a quienes devastaron a Veracruz los doce años anteriores, no se ha cumplido ni de cerca. Solamente hay un duartista en prisión, el ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, y está latente la posibilidad de que ante fallas en el debido proceso a la hora de encarcelarlo, pueda salir en libertad.
Todos los demás miembros de la pandilla de la fidelidad, incluido el prófugo ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, gozan de cabal impunidad, por los motivos que se quiera. Algunos fuera del alcance del gobierno de Yunes Linares, como los casos que ya ha atraído a su ámbito de (in) competencia el Gobierno Federal. Otros, porque visiblemente el yunismo ha pactado con los saqueadores, por conveniencia política y para su tremendo escarnio y descrédito.
Un tema en el que el gobierno que prometió rescatar a Veracruz se ha visto completamente rebasado es en el de la seguridad. A cien días de administración, no solamente no se ha mejorado, sino que se ha retrocedido a niveles muy similares a los de la escalada de violencia sangrienta del deleznable periodo 2010-2012.
Ejecuciones diarias, ataques abiertos a las fuerzas de seguridad locales y federales, tiraderos de cuerpos en las calles, tiroteos constantes, militarización de algunas de sus principales ciudades, han hecho retornar a la población veracruzana a un estado de terror, que si bien no ha alcanzado los excesos del arranque del sexenio duartista, tampoco está muy lejos.
Asimismo, el gobierno de la alternancia sigue sumido en una profunda crisis económica, ciertamente heredada de sus antecesores, de la que apuesta salir única y exclusivamente, o al menos ésa es la idea que se vende mediáticamente, a través de la reestructuración de los pagos de la deuda pública del estado, que alargaría los plazos para liquidarla por unos 20 años más, y que no se ha demostrado que sea realmente la única vía ni la solución a los problemas financieros que se enfrentan.
Aunado a ello, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha concentrado en su persona a todas las voces de su administración, en la que pareciese que no hay nadie más que él, pues los secretarios de despacho están prácticamente de adorno. Por lo mismo, también concentra sobre sí todo el peso de las críticas por las debilidades y francos yerros en que ha incurrido.
Lo peor para él es que el discurso del combate a la corrupción del duartismo se le ha agotado, en buena medida por su propia culpa, luego de pactar ominosamente con algunos de sus representantes. Así que cada vez le es menos efectivo el recurso de sacar a la luz alguna de las corruptelas del ex gobernador en fuga, por lo cual ahora recurre a reyertas mediáticas sin sentido con el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que denigran la investidura de Gobernador del Estado de Veracruz, pero desvían por un rato la atención sobre lo que sucede en la entidad.
Han pasado cien decepcionantes días. Y lo más grave es que el gobierno de Miguel Ángel Yunes sólo durará dos años. El tiempo desperdiciado difícilmente se recuperará.
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