La iniciativa de ley para reformar la Constitución, propuesta por la Senadora del PAN, Sonia Rocha, en el sentido de agregar a los requisitos que establece el artículo cincuenta y cinco de la Constitución, para ser electo Diputado Federal, que todo aspirante a una diputación, deberá acreditar al momento de registrar su candidatura, ser poseedor de una Licenciatura de cualquier universidad o institución de enseñanza superior, está fuera de fundamento jurídico-político. Por principio, pasó por alto la Senadora Sonia Rocha, que el artículo primero de la Carta Magna establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como de las garantías para su protección; y que está prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana o anule los derechos y libertades de las personas. Por ello el diputado Manuel Clouthier, tuvo razón al descalificar de inmediato la propuesta de la Senadora; porque limitaría, restringiría y discriminaría a un sinnúmero de diputados y senadores que aspiran a integrar parte del Poder Legislativo, depositario de la soberanía popular, producto de un proceso democrático desde la Constitución del estado mexicano hasta la fecha, en que no hay limitante para el ejercicio del voto en cada elección, ya que es obligación del estado hacer válido el derecho a la educación para todos; derecho que se ve limitado por falta de presupuesto y de infraestructura material y humana para atender a toda la población.
Y si la Senadora panista no desea que haya Diputados o Senadores ignorantes, su propuesta debió plantear opciones de capacitación para el trabajo legislativo, a todos aquellos que no han tenido la oportunidad de prepararse en los estudios universitarios que les permitirían, obtener una licenciatura; pero no limitar el derecho “de votar y poder ser votado”, para todos los cargos de elección popular según lo establece el artículo treinta y cinco en sus fracciones I y II de la Ley Fundamental. Lo mismo tendría que haber propuesto modificar los artículos treinta y nueve, cuarenta y cuarenta y uno de la Carta Magna; para con una nueva teoría política, sostener su propuesta, que va en contra del título segundo, capítulo I Constitucional que define a la Soberanía Nacional y a la forma de gobierno; por eso es que la voluntad del pueblo mexicano, fue de constituirse en una república, representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior; agregando el tercer precepto citado, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión y que la renovación del poder legislativo y ejecutivo deben realizarse mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, basadas en su reglamentación electoral. Nuevamente la Senadora Sonia Rocha, muestra su elitismo, clásico de la extrema derecha, y carente de toda vocación democrática, al desconocer que todos los individuos han de ser iguales ante la ley; la desigualdad en la posibilidad de acceder a un cargo de elección popular de aquellos que se han preparado en la “Universidad de la Vida” (en la que no se venden calificaciones, ni se regalan títulos), resulta absurda, infundada e improcedente.
Se le olvida a la Senadora Rocha, que el INEGI reporta la cifra de sesenta millones de mexicanos en estado de pobreza; y que difícilmente alguno de ellos podrá obtener una licenciatura o título universitario, pues entre ellos existen desempleados y subempleados, que con el incremento en el precio de las gasolinas, y desde antes, en la falta de control por parte del gobierno, de la distribución de la riqueza pública, son los factores principales que habría que combatir desde el Senado y no con una visión tan corta, como la de la Senadora Sonia Rocha del PAN, quien pretende limitar el Derecho Humano veintiuno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la letra dice: “”toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresara mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto””.
Si la propuesta de la Senadora Sonia Rocha, fuera aceptada, habría que darle una sopa de su propio chocolate, mostrando la inconformidad de la mitad de los mexicanos sobre su discriminatoria posición; recurriendo a una iniciativa ciudadana, acompañada de ciento seis mil firmas de ciudadanos, según el artículo setenta y uno Constitucional; es decir, el punto trece por ciento del número de ciudadanos de la lista nominal de electores; equivalente a las ciento seis mil firmas, de ciudadanos que aunque carezcan de alguna licenciatura, en ocasiones tienen mayor acervo de conocimientos, que quienes compran calificaciones y títulos, sin haber cursado alguna carrera. La iniciativa popular, tendría que ser una respuesta eficaz a la Senadora Rocha, para proponer: que todo aspirante a formar parte de la Cámara de Senadores, hubiera adquirido (por lo menos) un Doctorado, Maestría o Diplomado, en materia Constitucional, Garantías y Amparo. O de menos un curso teórico práctico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que con los jugosos ingresos que tienen y un cúmulo de asesores, privilegiados con sueldos y prestaciones que rebasan los setenta mil pesos mensuales, estén en condiciones de legislar, bien preparados y documentados, sobre los temas que son de su incumbencia.
Bien por el Diputado Independiente Manuel Clouthier, hijo del Maquio, que con valor civil ha defendido causas legítimas y legales, para echar abajo propuestas aberrantes como la de la Senadora Sonia Rocha, a pesar de que haya salido en su defensa el Senador Javier Lozano, militante del PAN, actualmente con licencia del Senado, para desempeñar el cargo de Jefe de la Oficina de Gobierno de Puebla, poniéndose a disposición del gobernador Toni Gali, sucesor del aspirante presidencial Rafael Moreno Valle, quien no para de hacer recorridos por toda la república, en busca del respaldo para obtener la candidatura presidencial por el PAN en 2018. Por lo que hace a los Senadores veracruzanos, igual que a los diputados de la entidad, no se ha visto ninguna participación importante, que no sea el desempeño de sus comisiones, que bien podrían distraer momentáneamente para incorporarse al debate de los temas nacionales que van a repercutir en los treinta y dos estados de la república y en los dos mil cuatrocientos cuarenta municipios que tiene el país. No será por falta de preparación, puesto que los Senadores cuentan con licenciatura y posgrados de importantes instituciones de Educación Superior y entre los diputados, también hay preparación académica, que no han utilizado para defender los derechos del pueblo veracruzano.
