El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares solicitó al Congreso de la Unión aprobar La Ley de seguridad interior para que las Fuerzas Armadas tengan mayor participación en tareas de seguridad publica en un marco jurídico adecuado.
Señaló que mientras se construyen capacidades policiales propias que puedan responder a la demanda generalizada de vivir seguros, es indispensable contar con el apoyo de las fuerzas armadas.
“En nuestra experiencia, el Ejército Mexicano y la Marina-Armada de México contribuyen de manera muy importante a mejorar los niveles de seguridad y generan confianza en la población, que aprecia y reconoce su trabajo”.
En un mensaje emitido desde Palacio de Gobierno, el mandatario pidió a los diputados federales y senadores que aprueben la Ley de Seguridad Interior, para legalizar la presencia de las fuerzas federales en la entidad.
Dijo que la importancia de esto radica en que hasta el día de hoy la participación del Ejército y la Marina no tiene regulación constitucional que garanticen los derechos de los ciudadanos y que los elementos tengan la certeza que no serán sancionados fuera de alguna disposición legal.
Abundó que envió un oficio a los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Congreso de la Unión, donde planteó que mientras se construyen capacidades policiales propias que puedan responder a la demanda de vivir seguros, es indispensable contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Señaló que en Veracruz las Fuerzas Armadas han sido siempre respetuosas de la Constitución, de las Leyes y que apegan su actuar a las normas que protegen los derechos humanos, políticos y civiles de las personas.
En otro tema, reconoció que el cuerpo del doctor de Poza Rica fue trasladado a 280 kilómetros por sus ejecutores para luego ser tirado en Boca del Río.
Señaló que por ello se formó un grupo de investigación que encabeza el fiscal general Jorge Winkler Ortiz, para hacer revisiones e investigaciones sobre este hecho.
Indicó que se revisan las cámaras de las casetas que tuvieron que pasar para llegar hasta Boca del Río.
Insistió en que 6 de las 11 personas que fueron ejecutadas tenían antecedentes penales, incluyendo el doctor de Poza Rica.
