El líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Nicolás Callejas Roldán, dijo que sus compañeros no se opusieron al pasado dictamen de la reestructuración de la deuda por cuestiones políticas, sino porque no se especificaban las acciones a tomar para contener el gasto y el uso de los recursos que se recibirían con el refinanciamiento del pasivo.
“Tenemos un dictamen en el que se nos han dejado claras las circunstancias”, por eso adelantó que su grupo parlamentario votaría a favor.
Dijo que están de acuerdo que ante el escenario de problemas financieros que le afectan a Veracruz, se requieren de medidas que ayuden a dar viabilidad al Ejecutivo para cumplir con sus compromisos.
Destacó que después de solicitar que hubiese transparencia, la administración estatal les explicó las condiciones en que se generarían las operaciones de refinanciamiento de los créditos por hasta 46 mil millones de pesos.
Callejas Roldán refrendó el deficit actual hay que atacarlo con decisiones que reduzcan el gasto público y luego con mecanismos para obtener recursos con empréstitos, esto para no generar un problema mayor del que se quiere resolver.
Añadió que la exigencia de transparencia no era para afectar la incitativa sino para adecuarla a las nuevas disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios.
EL POSICIONAMIENTO INTEGRO DEL PRI
El día de hoy tenemos de nueva cuenta a consideración un asunto de la mayor trascendencia para nuestro Estado, pues lo que está en juego es el destino de esta generación y las venideras en materia de servicios públicos y obras que aseguren mejores condiciones de vida.
Reestructurar la deuda del Estado no representa sólo un trámite que realizan diversas instancias de gobierno, sino el proyecto que dejamos a nuestros hijos de lo que Veracruz puede hacer por ellos.
De ahí la importancia y la máxima seriedad que le hemos dado al asunto, y que nos llevó hace apenas unos días, a votar en contra del proyecto presentado. Y debemos ser enfáticos en ello: el Grupo Legislativo del PRI se opuso al dictamen de la sesión extraordinaria del martes por la manera en la que fue presentado, sin que se nos informaran los detalles y las condiciones específicas del esquema de reestructuración a efectuar, y con ello, incumpliendo las obligaciones legales que fija la normatividad de disciplina financiera vigente.
Más aún: sostuvimos que la medida de reestructurar la deuda bancaria no es por sí suficiente, pues debe ir acompañada de un plan de ajuste y contención del gasto, una reducción sistemática del déficit que experimentan las haciendas estatal y municipales, pero eso no implicaba que nos opusiéramos, de inicio o por causas ideológicas, un programa que atendiera la emergencia financiera de la entidad. A propósito, no descartamos ninguna medida de orden presupuestal, como la reducción de sueldos, siempre que esto sea parejo y no sólo un anuncio con fines mediáticos. Y que no se olvide que es este Congreso el que determina el presupuesto estatal.
De ahí que resultara necesario analizar en todo este tiempo la propuesta enviada por el Ejecutivo, para tener en claro todas las implicaciones que dicha operación financiera traerá consigo. Sabemos que Veracruz atraviesa por una complicada situación económica, pero eso no nos ha cegado a considerar cualquier salida como solución a dicha problemática.
La madurez que requiere una situación crítica como la que vive hoy la entidad, se ha impuesto frente a descalificaciones, ultimátums y falta de diálogo, procurando con ello actuar con altura de miras y con el firme objetivo de fortalecer un entorno democrático y plural.
Veracruz no necesita acciones que tengan como fundamento la fuerza ni las amenazas. El único fundamento posible para las necesidades que reclaman los veracruzanos es el respeto, diálogo, consenso, generando con ello los acuerdos.
El Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional también ha efectuado el respectivo análisis, y nuestra postura ha sido la de considerar que era necesario detenernos a estudiar todas las características especiales de la solicitud del Ejecutivo, en aras de emitir un voto razonado al respecto.
Coincidimos en la descripción del estado que guardan las finanzas públicas de la entidad. Estamos de acuerdo que, en dicho escenario, resultan indispensables medidas que optimicen y hagan eficientes los recursos con los que dispone el Estado. El déficit actual hay que atacarlo con soluciones que reduzcan el gasto público, y sólo de manera excepcional, con esquemas de financiamiento. Dichas medidas habrán, además, de sujetarse a lo que señale la Ley, y deben estar orientadas por los principios de racionalidad y eficiencia, con la finalidad de no generar un problema mayor del que se pretende resolver.
La reestructura planteada por el Gobernador intenta dotar de viabilidad financiera a la administración pública estatal, a través de aumentar el plazo para pagar los créditos contraídos por el Estado. Bajo ese razonamiento, un plazo mayor disminuirá las tasas de interés de los créditos contraídos en administraciones anteriores, y contando con la buena disposición de las instituciones financieras para tal efecto, se nos ha presentado un proyecto que, con las posteriores explicaciones financieras de los expertos del tema, nos muestra ya con claridad las condiciones con las que funcionaría dicho esquema económico.
Solicitamos de manera respetuosa que en este asunto se privilegiara la transparencia y la claridad, sobre todo, en el tema de los montos, las tasas de interés, los costos de operación de la reestructura y en general, de todas aquellas condiciones en las que se llevarían a cabo las acciones de refinanciamiento.
Después de puntuales explicaciones y de haberse aportado el soporte documental necesario, amplio y suficiente de dichas condiciones previstas, así como de la situación real de los créditos en particular que tiene suscritos el Estado, hoy estamos en condiciones de ofrecer un voto a favor de esta propuesta. Se especificaron las obligaciones “sobregarantizadas”, el proceso de aceleramiento al que se sometieron algunos créditos y la dispensa de ciento ochenta días para regularizar la situación financiera, otorgada por los acreedores y las instituciones bancarias.
Sobre esto queremos hacer hincapié: nuestro actuar ha sido y es el de la responsabilidad. Por encima de intereses partidistas, sostuvimos, se encuentra Veracruz y nuestro compromiso con sus habitantes. El riesgo al que se enfrentaría el Estado por no reestructurar es real, lo conocemos y no podemos permitirnos que, a pesar de amenazas e intimidaciones, Veracruz resienta sus efectos.
Ser responsables es privilegiar el diálogo para conseguir los acuerdos que Veracruz necesita. No es mantener posturas ideológicas que nieguen de antemano toda posibilidad de atender el problema de emergencia financiera, ni propuestas que atenten contra la certidumbre financiera de la entidad. Lejos de resolver el problema, ambas posturas expresadas en los últimos días por diversos actores y grupos de la vida pública veracruzana, colocaron a la entidad en un escenario desfavorable, adverso y que pudiera repercutir en la imagen que mostramos ante la Federación y el sistema financiero mexicano.
No cedemos a presiones, imposiciones ni amagos que atenten contra el Poder soberano al que pertenecemos. Respondemos con responsabilidad, a través del diálogo, al reto mayúsculo de las finanzas públicas de Veracruz.
Después de ese compromiso y el análisis efectuado a partir de las debidas explicaciones, tenemos el día de hoy frente a nosotros un dictamen en el que se han aclarado tales circunstancias, y sobre el cual es posible emitir un juicio razonado.
Sin embargo, cabe destacar un punto sobre el cual hemos sido enfáticos y no queremos dejar pasar. Nuestra posición respecto a la reestructura ha sido y es la de conocer el destino de los recursos obtenidos con dicho esquema. Entendemos claramente que con la reestructura no se estarían recibiendo recursos directos por llevar a cabo tales acciones financieras, pero sí que existiría una liberación de flujo de efectivo y de fondos de reserva que, en suma, dotarían de viabilidad al Estado, y con ello se podría generar el pago del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondiente al último trimestre del año 2016 de tal Fondo, que se adeuda a los 212 Ayuntamientos de la entidad.
El reclamo de transparencia no era por complicar el trámite de la iniciativa, sino por ajustarnos a las disposiciones que en materia de disciplina financiera existen en nuestro país. Los congresos locales tienen ahora la obligación de justificar en un análisis previo la capacidad de pago y las condiciones de contratación en las que se efectuarán las operaciones de financiamiento, y en el caso que nos ocupa, no podía ser la excepción.
No fue, además, una imposición por parte del Grupo Legislativo: es un requisito que la ley de la materia establece para poder otorgar autorizaciones para realizar contrataciones de créditos y de refinanciamientos. Conocer el destino de los recursos que se obtengan es un reclamo justo y legítimo, y más en las condiciones actuales de nuestra entidad.
Que quede claro: estamos a favor del saneamiento financiero, pero de modo fundamental, que el principio de transparencia se imponga como primordial para conocer el destino de los recursos que se obtengan al generar dicho esquema económico.
El resultado de ello es la incorporación, a través de un resolutivo del dictamen y de un artículo transitorio, de tales circunstancias, con la finalidad de atender las necesidades apremiantes que experimentan los municipios de la entidad, y la obligatoriedad de hacer transparente el ejercicio de los recursos obtenidos con la reestructura.
Y estaremos pendientes del cumplimiento de esas obligaciones. No sólo a los Ayuntamientos de la entidad, sino a proveedores, cámaras empresariales y todos aquellos que, habiendo contribuido con el desarrollo de Veracruz, exigen lo que les es debido. No los dejaremos solos en sus justas demandas.
No son tiempos de imposiciones, sino de diálogo incluyente. Veracruz nos necesita a todos, pero sobre la base del respeto, la tolerancia y la voluntad de encontrar soluciones reales a la problemática que vive el Estado.
Muchas gracias.
