Vivimos en Veracruz días de trueno, tiempos nublados, de muertos y heridos, de líderes cañeros, periodistas y profesoras ejecutados, de poderes fácticos y reformas postergadas. De priistas estigmatizados por la corrupción y destinados a la derrota, de panistas divididos, de tribus perredistas enfrentadas, de morenos que se ostentan como el mesías, aunque lejos están de serlo; verde ecologistas anquilosados. De ciudadanos que quieren vigilar el poder, así como de partidos y de funcionarios que abusan de él.
En este estado al revés, de cabeza, el plomo aprende a flotar y el corcho a hundirse, las víboras aprender a volar y las aves a arrastrarse, mientras que los patos les tiran a las escopetas.
Por eso no resulta extraño, pero sí un pinche absurdo que en el Palacio Legislativo, en el Congreso, donde se discuten y se hacen las leyes, ahí sea donde se las pasen por en medio de las piernas y en donde el abuso, la corrupción y la injusticia se pretendan imponer como “leyes naturales”, como si fuera natural que los funcionarios del Congreso deban enriquecerse y mantener el poder, mientras el pueblo debe ser sumiso, obediente y pobre.
En ese contexto hay quienes incluso pretenden manejar al Poder Legislativo de Veracruz como si se tratara de una empresa privada, de una Sociedad Anónima (S.A, por sus siglas); es decir, una sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una participación en el capital social a través de títulos o acciones y en la cual los socios pueden imponer sus propias reglas, prohibir el acceso a sus instalaciones y contratar a los proveedores que les plazca por compadrazgo, amiguismo o cualquier otro interés que medie y no como un ente “púuuubliiiicoooo”.
Mire usted amable lector, existe un creciente descontento entre directivos de medios de comunicación y de reporteros que cubren la fuente del Congreso local, por el trato despótico que reciben –quienes tienen esa suerte-, como por la falta de atención a muchos de ellos pues al menos en la Coordinación de Comunicación Social a cargo de Sergio Melo Hernández impera una política de puertas cerradas y de escasísimo vinculo con los periodistas, ya que Melo Hernández se desempeñaba profesionalmente en la Ciudad de México y no tiene la más mínima idea de cómo se maneja la prensa en la entidad.
De ahí que quien ha asumido de saliva buena parte de la relación con los medios de comunicación es Carlos “Chico” Fuentes Urrutia, Secretario de Servicios Administrativos y Financieros del Congreso, quien fue diputado local del PAN en la LXIII Legislatura y ex regidor en el ayuntamiento de Xalapa.
Por cierto que nada se sabe de los recursos que dentro del presupuesto del Poder Legislativo se destina para la contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación, porque de muy buena fuente se sabe que hay una partida para tal fin, sin embargo, desde diciembre del año pasado no se contratan espacios para la difusión de las actividades de la LXIV Legislatura y aquellos medios que publican sus fotografías y boletines lo hacen ante las falsas promesas de que “ya merito” habrá dinero para contratarlos, cuando en realidad el dinero fluye desde hace cinco meses pero nadie sabe a dónde va a parar.
Lo que sí se sabe es del grupo de guapas ¿señoritas? que el secretario de Servicios Administrativos y Financieros ha metido a la nómina del Congreso para que presten atención y servicios –sin especificar de qué tipo- a los diputados, principalmente de la Fracción Legislativa del PAN.
Trabajadores del Poder Legislativo de Veracruz nos comentan que Fuentes Urrutia “maicea” a uno que otro reportero, práctica denunciada por Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, pero existe opacidad en cuanto al manejo del millonario presupuesto destinado para Comunicación Social y nadie sabe, nadie supo, ¿dónde queda la bolita?.
Asimismo exhortaron a la Fiscalía General del Estado, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y al Instituto Veracruzano de las Mujeres, así como a los Colectivos en el estado a que investiguen las condiciones laborales, sueldos, prestaciones y modus operandi de las jovencitas que maneja Carlos Fuentes, pues podría (se escribe podría) estarse incurriendo en algún delito grave con estas jovencitas encargadas de brindar sus atenciones a los legisladores varones, como si fueran edecanes en una empresa privada contratadas para agasajar a los altos ejecutivos.
Ya entrados en temas del abuso legislativo y de políticos hábiles, fríos y camaleónicos que pasan de una legislatura a otra, cabe recordar que la semana antepasada a través de un oficio girado a la Oficina de Seguridad, la dirección de Servicios Jurídicos del Congreso “restringió” de manera “cautelar” el acceso al Palacio Legislativo al periodista Walter Ramírez Aguilar porque “presuntamente” agredió a diversas personas de la sala de prensa y esto lo hicieron basados en los artículos 1,21 y 177 del Reglamento Interior para el Gobierno del Poder Legislativo, así como del artículo 19 fracciones I y IV del Reglamento para los Servicios Administrativos y Financieros, mismos que ya revisó quien esto escribe y en ninguno se establece que se pueda prohibir el acceso a un periodista, por el contrario,
En el capítulo II, De los Medios de Comunicación de dicho reglamento que comprende de los artículos 143 al 148 se establecen las garantías y facilidades que se le deben otorgar a los medios para el mejor desempeño de su labor periodística y establece por ejemplo, que salvo las curules y espacios adyacentes, se puede entrevistar a los diputados de manera individual o colectiva “en cualquier lugar del Palacio Legislativo”.
Aquellos “expertos” del Congreso, que cometieron esta pifia jurídica, deben saber que están violando garantías elementales del periodista Walter Ramírez consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra ley suprema, que en su artículo 1 dicta: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte” y como lo dije, se violan sus derechos; en el artículo 2 se menciona que “queda prohibida toda discriminación” motivada incluso por “opiniones” como las que ha vertido el profesional e incisivo periodista al grado de volverse incómodo para algunos diputados y funcionarios legislativos. Por si fuera poco en el artículo 5, está asentado que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos” y a mi compañero, asignado a la fuente Legislativa le están coartando el libre ejercicio de su profesión.
Ante tales hechos podemos concluir que el pasado 5 de noviembre en Veracruz cambió la legislatura, pero numerosos vicios institucionales asociados con el autoritarismo y la corrupción siguen allí, coartando la representación ciudadana, el ejercicio periodístico y la gobernabilidad democrática.
Definitivamente el Congreso de Veracruz no camina en una dirección lineal hacia un mejor estadío político, económico, de transparencia y de relación con los medios; más bien cojeó hacia delante para luego retroceder. El Congreso parece vivir en un permanente estira y afloja entre la posibilidad de cambio y los actores que buscan evitarlo, entre los que ignoran que son un ente público y pretenden manejarlo como una Sociedad Anónima frente a un pueblo que reclama transparencia, aunque la opacidad persiste. Los tiempos de hincarse frente a las autoridades pasaron y llegó la hora de llamarlos a cuentas, aunque se presuman ofendidos, pues se alquilan como representantes populares o servidores públicos, o sea, los ciudadanos les pagamos para que nos sirvan y si no pueden, que renuncien.
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