El Congreso de California promulgó ayer un proyecto de ley, presentado por el procurador general del estado, Xavier Becerra, de origen mexicano, que convertiría a todo el estado en un santuario para inmigrantes indocumentados, desafiando las amenazas del procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, de cortar los fondos federales a todas aquellas entidades locales y estatales que se nieguen a colaborar con los agentes migratorios en la guerra declarada por el presidente Donald Trump contra los once millones de indocumentados que viven en el país, en su mayoría en el estado dorado.
El comité escuchó testimonios sobre el proyecto de ley presentado por el presidente del Senado, el demócrata por Los Ángeles, Kevin de León, que prohibiría a las agencias estatales y locales gastar dinero para hacer cumplir las leyes federales de inmigración. La medida también prohibiría la aplicación de la ley de inmigración en las escuelas estatales, centros de salud y tribunales.
“No vamos a estar de pie y dejar que el gobierno federal utilice nuestras agencias estatales y locales para separar a las madres de sus hijos”, dijo León en diciembre, cuando presentó lo que él llama la Ley de Valores de California.
Miles de millones en riesgo. La lucha por el estatus de santuario podría poner miles de millones de dólares en fondos federales para programas de California en riesgo.
Trump firmó el miércoles de la semana pasada una orden ejecutiva en la que prometió retener el dinero federal de las ciudades y estados que no cumplen con las leyes federales de inmigración.
La orden requiere que el secretario de Seguridad Nacional designe las llamadas “jurisdicciones de santuarios” que se niegan a compartir información sobre el estatus migratorio con funcionarios federales.
