Si bien es cierto que la Ley de Víctimas “urge”, está debe tener suficiente capacidad de ser aplicada, es decir “que tenga uñas y dientes”, advirtió la coordinadora del Colectivo Solecito de Veracruz, Lucía de los Ángeles Díaz.
Esta ley obligaría a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno –en sus respectivas competencias- a velar por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie, la cual fue presentada por la diputada panista María Josefina Gamboa Torales.
La reunión del colectivo se realizó en el congreso local con los diputados integrantes de la Comisión de la Verdad, ahí los familiares de las víctimas precisaron que no desean que sea una copia como la presentada en el 2004.
“Porque entonces nacerá muerta aunque la saquen y la aprueben este jueves en la sesión extraordinaria, porque no tendrá dientes para ser aplicada la ley.”
La exposición de motivos señala que la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 28 de noviembre de 2014, presenta diversas inconsistencias y disposiciones que ya han sido rebasadas a la luz de protección y salvaguarda de los derechos de las víctimas, por lo que es necesaria una nueva Ley que esté acorde a las exigencias actuales.
A partir de la entrada en vigor de esta ley y por única ocasión, el titular del Poder Ejecutivo remitiría a Congreso del Estado una terna, para que de entre ellos el Pleno realice el nombramiento del Comisionado Ejecutivo estatal, previo procedimiento establecido en la ley.
En un plazo de 150 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley: las secretarías, dependencias, organismos del sector salud, educación y las demás obligadas; así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán adecuar su normatividad conforme al Programa y el Modelo de atención a víctimas
