Por un desfalco de 435mdp en cuentas públicas 2013 y 2014 la FGE solicitó un año de prisión preventiva para Francisco Valencia acusado de peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal y coalición; delitos en los que están implicados el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y ex el contralor Mauricio Audirac.
Tras legalizar la detención la juez de control, Alma Aleida Sosa Jiménez , a las 19:20 corriendo el término constitucional de las 72 horas.
La Fiscalía acusa a Francisco Valencia de haber autorizado transferencias de fondos de la CAEV a cuentas de la Secretaría de Finanzas por 215 mdp en 2013 y 220 mdp en 2014.
El entonces secretario de Egresos, Carlos Aguirre Morales, envío en 2013 un oficio en el que solicitó a Valencia García que con motivo de la reestructuración realizaba a una cuenta de Bancomer de los programas de agua, saneamiento y alcantarillado.
De esta manera, la primera de ellas tuvo lugar el 14 de noviembre del 2013 por 6mdp, el 7 de Nov por 30 mdp, el 14 de noviembre por 62 mdp, el 27 por 45 mdp, el de 29 noviembre por 20 mdp haciendo un total de 215 mdp.
En el 2014 y a petición del Secretario de Finanzas Mauricio Audirac solicitó el 20 de septiembfe del 2014, transferir saldos a los recursos de aguas potables y saneamiento por un monto de 220 mdp, de esa manera el 29 de septiembre de 2014 de realizaron 3 transferencias por 20, 100 y 20 mdp.
El 28 de noviembre tres más de 40, 10 y 10 mdp.
Cantidad que no ha sido devuelta a la CAEV ocasionando obras inconclusas.
A Francisco Valencia se le acusa como autor material en delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, coalición y peculado y tráfico de influencias como autor partícipe.
Debido a que la defensa no pudo evitar la imputación de los delitos, la juez, cuestionó a estos, si son sabedores del nuevo sistema de justicia penal y a Francisco Valencia le preguntó si está de acuerdo en que ellos sean sus defensores. Por todo lo anterior, la FGE pidió un año de prisión preventiva señalando que no ha tenido la voluntad de someterse a la investigación de las autoridades dado que promovió la demanda de amparo 314/2016 en el juzgado primero de distrito el pasado 17 de marzo negándose la suspensión definitiva el 29 de marzo.
