Turquía vive hoy una jornada clave. La ciudadanía, tanto en el país como en el exterior, acude a las urnas para decidir en referéndum si aprueba la reforma constitucional que propone el presidente Recep Tayyip Erdogan y que le daría todo el poder legislativo.
La reforma propone abolir la figura del primer ministro, que es ahora el dirigente del gobierno, mientras que permitiría que el presidente, que ahora no puede estar afiliado a un partido y se considera una figura representativa, asuma todo el poder.
Podría, por ejemplo, nombrar a todos los secretarios del gobierno sin necesitar la aprobación del Parlamento, y sus decretos tendrían carácter de ley. Podría, además, nombrar a voluntad a más de la mitad de los jueces del Tribunal Constitucional, la máxima autoridad jurídica del país, o incluso disolver el Parlamento.
En caso de salir aprobada la reforma, ésta se prevé que entre en vigor a partir de la siguiente Legislatura —que quedaría ampliada de 4 a 5 años—, tras las elecciones, previstas para 2019. Además, así, Erdogan podría encadenar dos mandatos de cinco años.
De facto, el referéndum trata de decidir si la ciudadanía turca quiere o no convertir al país en una república presidencialista y a su líder en una figura prácticamente autocrática, confirmando la escalada de poder que ha llevado a cabo Erdogan.
Especialmente luego del intento fallido de golpe de Estado del pasado julio de 2016, tras el cual el mandatario aprovechó para limpiar de cualquier atisbo de discrepancia su gobierno, en un afán de purgar a los culpables que fue duramente criticado por Europa.
GOBIERNO FUERTE. Erdogan justifica la reforma señalando que con ella el líder del país no necesitará rendir cuentas a nadie durante cinco años y podrá implantar las políticas que juzgue necesarias sin encontrar cortapisas. Sólo así, asegura, se puede mantener un gobierno fuerte y estable, frente a las numerosas coaliciones frágiles y elecciones anticipadas que han dominado la vida política turca durante décadas. Pero la oposición teme que precisamente esta “carta blanca” pueda dar lugar a todo tipo de abusos de poder.
ABUSOS. De hecho, durante la campaña el gobierno ya ha dado muestras de cómo podría usar esta carta blanca para operar durante cinco años, intensificando su campaña de detenciones contra opositores, arrestando a todo aquel que osa criticar, de forma más o menos pública, a Erdogan.
Por ejemplo, un portavoz del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), defensor de la minoría kurda, denunció que pese a que en 2010 se legalizó la propaganda en kurdo, “algunos municipios han emitido decretos para confiscar los folletos” en este idioma que pedían votar ‘No’.
REÑIDO. Pese a la salvaje presión del gobierno para amarrar la victoria del ‘Sí’, muchas encuestas proyectan un resultado reñido, con tan sólo uno o dos puntos de diferencia entre el ‘Sí’ y el ‘No’.
