El ajuste presupuestal de 43 mil 800 millones de pesos para 2018 afectó el trabajo legislativo del Congreso.
Diputados y senadores congelaron la aprobación de leyes o modificaron propuestas de reforma para no causar un impacto negativo en el gasto federal.
De acuerdo con legisladores consultados por Excélsior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) les solicitó a finales del año pasado aplazar la aprobación de todas las iniciativas que impliquen un gasto extra en el presupuesto y no sean prioridad para el país.
Hacienda les explicó, de acuerdo con los entrevistados, que las condiciones económicas serán complicadas, al menos, hasta 2018.
En la Cámara de Diputados no se aprobaron iniciativas de ley o minutas de reformas cuyo costo de implementación sea mayor a un millón de pesos.
Entre los temas frenados destacan el derecho universal y gratuito a la reconstrucción mamaria de mujeres afectadas por cáncer o el que los trabajadores, sin distinción de género ni estado civil, tengan derecho a llevar a sus hijos a guarderías del IMSS.
Los senadores, por ejemplo, hicieron modificaciones que dejaron fuera la obligatoriedad policial de portar geolocalizadores y retiraron el capítulo presupuestal en la Ley de Cultura.
Otro caso: el 6 de abril, el Senado aprobó cambios a la ley que rige la participación de las organizaciones civiles, pero, a petición de Hacienda, se retiró todo lo relacionado con el financiamiento a más organizaciones sociales.
SHCP pone un freno a las leyes costosas
Senadores externaron su molestia ante las recomendaciones de sujetarse a criterios de austeridad de 2018; la misma medida afectó también propuestas en la Cámara de Diputados.
El recorte de 43 mil 800 millones de pesos planeado para el 2018 pegó a las leyes y reformas aprobadas por el Senado, pues la Secretaría de Hacienda pidió cambios para no comprometer el gasto público en el corto plazo, entre ellos quitar la obligación policial de portar geolocalizadores; retirar el capitulo presupuestal en la Ley de Cultura y toda innovación legal que supere el millón de pesos.
El tema fue tan notorio, que hacia el final del periodo ordinario pasado, los senadores hicieron público el fenómeno, tanto en los textos de las leyes y reformas aprobadas, como en sus participaciones en tribuna; como cuando el petista Zoé Robledo resaltó que el criterio de Hacienda tiene efectos negativos en el trabajo legislativo o cuando la panista Luisa María Calderón le hizo referencia del tema a Luis Videragay, actual Canciller y exsecretario de Hacienda.
“El canciller dice que hay que revisar a tiempo el marco normativo de planeación para, obligadamente, dirigirlo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y eso para nosotros es vital.
“Cada vez que queremos hacer alguna modificación a alguna ley que tiene que ver con dirigirnos a la consecución de los ODS, diría yo en el marco del tema de hambre cero, alianza con los pequeños productores, impulso de infraestructura a los pequeños productores para que salgan de la pobreza, que nos dan de comer, nos dice que tienen impacto presupuestal y que entonces no podemos hacer la modificación.
“Así que para nosotros es vital que usted aquí, como canciller ahora, no como Secretario de Hacienda, nos comparta esta convicción de que hay que cambiar de paradigmas y creo que el primero que vamos a abrazar con mucho gusto es este paradigma de que hay impacto presupuestario y que no podemos cambiar las cosas”, expresó Luisa María Calderón el 26 de abril, en una reunión de evaluación de los ODS.
El 6 de abril, el Senado aprobó cambios a la ley que rige la participación de las organizaciones civiles, pero a petición de Hacienda, se retiró todo lo relacionado con el financiamiento a más organizaciones sociales, lo que generó la molestia de legisladores de oposición, aunque la mayoría la avaló.
Desde tribuna, Zoé Robledo evidenció el criterio presupuestal que se impuso.
“Pareciera que se ha instalado en el Senado de la República y en todo nuestro proceso legislativo una suerte de virus, un virus que establece, desde la Secretaría de Hacienda, que todo aquello que tenga impacto presupuestal, no pasará. Y que si los legisladores nos prestamos a eliminar el impacto presupuestal, entonces las piezas legislativas caminan.
