El caso de Zihuatanejo, donde el Ejército y la policía estatal tomaron control de la seguridad pública en ese municipio por la infiltración a la policía municipal del crimen organizado, es un ejemplo más de la urgencia para no postergar más la discusión de la Ley de Seguridad Interior, que busca regular la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad, pero que se encuentra atorada en la Cámara de Diputados, acusó el presidente del Senado, Pablo Escudero.
En ese sentido pidió a los gobernadores y al Congreso de la Unión no evadir más sus respectivas responsabilidades y comenzar la discusión de un marco legal que garantice que estados y municipios retomen sus competencias en materia de seguridad con cuerpos policiales confiables y eficaces, a fin de permitir la transición gradual y el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, con estricto apego a los preceptos constitucionales y respeto a los derechos humanos.
“Los tiempos actuales exigen a gobernadores y al Congreso no eludir la discusión de un marco legal que regule la actuación del Ejército”, demandó.
Recordó que soldados del 75 Batallón de Infantería del Ejército y agentes de la Policía Estatal desarmaron y encuartelaron a la policía local de Zihuatanejo, en la Costa Grande de Guerrero, por estar presuntamente infiltrada por la delincuencia organizada y tomar funciones policiales en el municipio.
Detalló que los elementos del Ejército mexicano y de la Policía Estatal detectaron a 42 personas que sin formar parte de la corporación municipal portaban armas, uniformes e insignias oficiales.
Legisladores del PRI, PAN y PRD han manifestado su intención de introducir la Ley de Seguridad Interior en un eventual periodo extraordinario a realizarse luego de las elecciones del 4 de junio, para sacar entre otros temas también el fiscal anticorrupción y el fiscal general.
