El buque de servicios petroleros Caballo Maya, valuado en 150 millones de dólares, zarpó el 16 de mayo tras dos años anclado en el puerto de Veracruz, pero el drama legal no ha terminado.
El juez federal Benito Zurita, nuevo encargado de la quiebra de Oceanografía, ordenó el 19 de mayo a la empresa panameña Marfield Ltd dar mayores explicaciones sobre la decisión de sacar el buque de aguas mexicanas para llevarlo a Galveston, Texas, pues la maniobra no fue autorizada expresamente por el Juzgado.
Marfield, que es la dueña legítima del buque y lo tenía en calidad de depositaria, explicó que el barco fue llevado a “astilleros” especializados, pues un peritaje de las firmas London Offshore Consultant y Techdiving determinó que hay “necesidad urgente” de restablecer su condición operativa.
Los peritajes determinaron que es necesaria una reparación en dique seco por afectaciones en el casco y la maquinaria, lo que provocó filtraciones de agua, ya que el buque no recibió mantenimiento anual durante tres años.
El juez pidió traducción al español del peritaje, y aclaró que la orden de entregar el barco a Marfield, dictada desde febrero y reiterada en abril, “no estaba relacionada con el retiro del mismo” del puerto donde se encontraba.
José Daniel Rocha, síndico de la quiebra de Oceanografía, informó al juez que “previo al zarpe rumbo a aguas internacionales, se debía cancelar el formato de importación temporal, así como los pedimentos de importación temporal de la maquinaria y equipo a bordo del buque, para no incurrir en violación a la Ley Aduanera”.
Ante este informe, el juez ordenó hoy a Marfield “aclare el motivo y causas por las cuales, bajo su más estricta responsabilidad, la embarcación zarpó del puerto de Veracruz, sin que se hayan cumplido con las disposiciones en materia aduanera pertinentes”.
Por su parte, Oceanografía pidió al Juez decretar el embargo del barco, que rentaba hasta antes de ser intervenida por el Gobierno en 2014, con una opción a compra que venció en 2016 sin haber sido ejercida.
Sin embargo, el juez resolvió que el abogado de Amado Yáñez, dueño de la empresa bajo proceso por fraude, no está legitimado para hacer peticiones a nombre de Oceanografía, función que solo corresponde al síndico.
Desde febrero pasado, la justicia federal reconoció en definitiva a Marfield como la dueña legítima del buque, luego de que el antecesor de Zurita en el Juzgado, Felipe Consuelo Soto, se había negado a liberarlo alegando precisamente que Oceanografía tenía una opción de compra.
Desde junio de 2015, Marfield y la también panameña Shanara Maritime, dueña del buque Caballo Marango, iniciaron un arbitraje comercial contra el Estado Mexicano para reclamar pago de 80 millones de dólares por daños, y 328 millones de dólares más si no les devolvían las embarcaciones.
