El fiscal de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Guatemala, José Antonio Galdaméz, negó que los delitos por los que el Gobierno Mexicano solicitó a su país la extradición del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, sean de naturaleza políticos y por el contrario afirmó que la petición cumple con todos los requisitos legales para declarar su procedencia.
«Es importante que se tome en consideración que ninguno de los cargos por lo que se pidió la extradición, tienen la naturaleza de delitos políticos, ni tienen conexión con los mismos», expresó el funcionario.
Durante su participación en la audiencia ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Poder Judicial de Guatemala, afirmó que las pruebas aportadas por nuestra nación refieren su probable participación en los ílicitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“El Ministerio Público considera que la solicitud de extradición requerida contra Javier Duarte, cumple con todos los requisitos legales establecidos en el Tratado de Extradición entre Guatemala y México y que los medios de prueba que ha enviado el país requiriente, cumplen ya que existe una investigación basada en ley y con fundamentos fácticos y jurídicos serios que respaldan el pedido”, expresó Galdaméz.
Asimismo añadió que el espíritu de la extradición como un instrumento jurídico internacional, es la aplicación de la ley en el Estado requiriente y evitar que los delitos cometidos puedan quedar impunes, de allí que resaltó la importancia de entregarlo a la justicia mexicana.
Luego de retirar que desde que fue detenido el pasado 15 de abril, a Duarte de Ochoa le fue asignado un defensor de oficio, el funcionario ministerial destacó que el plazo de 60 días que le fue otorgado al Gobierno de México para que aportara los medios de prueba, fue cumplido cabalmente.
«Dicha documentación fue presentada en tiempo y forma como estipula el tratado y nuestra ley reguladora del procedimiento de extradición», resaltó al decir que los delitos por los que se le acusan datan de 2016, mismos que no han prescrito en Guatemala y en nuestro país, sino que ello ocurrirá hasta el 2067.
Por último aclaró que a Javier Duarte no se le sigue ningún proceso penal en la nación centroamericana, por lo que no existe motivo para diferir su entrega a la justicia mexicana.
