El Partido de los Trabajadores (PT), en el que Lula participó de su fundación en 1980, rechazó la sentencia “sin pruebas” contra su líder y la que calificó de “vergonzosa”, según publicó en redes sociales la presidenta de la formación, Gleisi Hoffmann.
Por otro lado, la ex mandataria brasileña Dilma Rousseff, destituida el año pasado por supuestas irregularidades fiscales, comentó la sentencia en un mensaje difundido en redes sociales, en el cual aseguró que Lula es víctima de una “flagrante injusticia y de un absurdo jurídico que avergüenza a Brasil”. No obstante, aseguró sobre su padrino político que “el pueblo lo rescatará en 2018”.
Rousseff consideró a Lula como “el presidente más popular en la historia del país y uno de los más importantes estadistas del mundo en el siglo XXI” y agregó que, aun así, “sufre una persecución sin cuartel” por parte de los tribunales y sus adversarios.
Sin embargo, los problemas de Lula con la Justicia no se reducen a las cinco juicios abiertos, ya que podría llegar a ser investigado en otros seis procesos más, según solicitó la Fiscalía con base en confesiones hechas por ex directivos del grupo Odebrecht.
Igualmente también está salpicado por revelaciones a la Justicia de ejecutivos del grupo JBS, que lo acusan de haber recibido la suma de 50 millones de dólares en supuestos sobornos que habrían sido depositados en diversas cuentas bancarias abiertas en el exterior.
Todos los expresidentes vivos desde el restablecimiento de la democracia (José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff) han sido salpicados por la corrupción.
Incluso está implicado el actual mandatario, Michel Temer, a quien la Fiscalía denunció en junio pasado por un supuesto delito de corrupción pasiva que amenaza con desalojarle del poder, lo que dejaría a Brasil sumido en una deriva institucional que no parece tener fin.
