Se va a armar la “gorda” entre la Procuraduría General de la República y quienes desde el gobierno acostumbran resolver todos sus problemas a través del uso y abuso de la prisión preventiva.
En el informe “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia” que la PGR envió al Senado, el organismo destaca que la prisión como una idea de “justicia” es propia del sistema penal anterior, que se centraba en el castigo, pero resulta incompatible con el actual, que privilegia la presunción de inocencia.
El problema es que varias voces, incluidas las de gobernadores como el de Veracruz, piden exactamente lo contrario: que se reforme la ley y se facilite el encarcelamiento de presuntos infractores, ya que responsabilizan al nuevo sistema penal del incremento de la violencia.
Sin duda, el debate continuará. Pero lo cierto es que si bien las debilidades del nuevo sistema penal son evidentes, tampoco hay que cerrar los ojos a que los diferentes gobiernos no cuentan con fiscales ni ministerios públicos bien capacitados para hacer su trabajo bajo las nuevas reglas, a pesar de que contaron con varios años para ponerse al día.
Y ahí está el porqué les tumban los casos.
