El gobierno estadunidense del presidente Donald Trump, evalúa dar poderes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para deportar de manera “rápida” o “expedita” a inmigrantes indocumentados que sean detenidos en cualquier lugar de Estados Unidos y que no puedan probar más de 90 días de permanencia en el país.
De acuerdo con un memorándum interno revelado ayer por el periódico The Washington Post, estas deportaciones permitirán “mejorar la seguridad nacional y la seguridad pública”, así como aliviar los cuellos de botella en las cortes migratorias del país que han provocado retrasos de audiencias por más de dos años.
Este cambio en los protocolos, que no requiere de aprobación del Congreso, permitiría al gobierno de Trump acelerar las deportaciones, en consonancia con sus propuestas electorales de endurecer la política migratoria.
PROCESO. “Los posibles cambios permitirían al DHS utilizar de forma más eficiente los recursos para expulsar a las personas que han estado ilegalmente en el país durante períodos de tiempo relativamente cortos mientras se cumplen los requisitos del debido proceso”, dijo al diario una portavoz del departamento, Joanne F. Talbot.
La Casa Blanca, en su propuesta presupuestaria para 2018, contempla la contratación de mil agentes migratorios para incrementar las detenciones y posteriores deportaciones.
El Congreso aprobó en 1996 las deportaciones “rápidas” para todos los indocumentados que llevasen menos de dos años en el país, pero en 2004, bajo la presidencia de George W. Bush, se suavizaron los requisitos, que rigen hasta la fecha.
AUMENTO. Sin embargo, las deportaciones “rápidas” han crecido desde unas 50 mil en 2004 a 193 mil en 2013, cuando representaron casi la mitad de todas las expulsiones de indocumentados.
Dos funcionarios del gobierno no identificados confirmaron al rotativo que la nueva política está en revisión y explicaron que por ahora el Departamento de Seguridad Nacional está esperando recibir los comentarios de la Oficina de Presupuesto y Personal (OMB).
Joanne F. Talbot, vocera del DHS, dijo que el secretario John F. Kelly no ha tomado ninguna decisión final sobre lo que calificó como un borrador, y aseguró que el cambio resultará en un uso más óptimo de los recursos de la dependencia.
