El juez brasileño Sergio Moro, que lleva el caso del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado por corrupción, negó ayer la primera apelación intentada por la defensa del exmandatario, contra el fallo que lo condenó a nueve años y medio de prisión, informaron fuentes judiciales.
En la acción negada por el magistrado, la defensa de Lula demandaba que sean corregidas diversas “omisiones” en los autos del proceso, que se fundamenta en la supuesta entrega a Lula de un departamento en el balneario paulista de Guarujá por parte de la constructora OAS, a cambio de presuntos “favores políticos” hechos por el exmandatario.
Según la defensa, existen documentos que fueron presentados al tribunal e ignorados por Moro, entre los cuales cita desde declaraciones de testigos hasta certificados que probarían que la verdadera propietaria del inmueble sigue siendo la constructora.
CORTE. En la decisión proferida ayer, Moro sostiene que “no existen ni omisiones, ni oscuridades ni contradicciones en la sentencia”, que ha sido dictada en primera instancia y aún deberá ser analizada por un tribunal superior.
También señaló que la defensa del ex presidente “permanece omisa al no esclarecer cuáles documentos o contratos estarían faltando en los autos” que llevaron a dictar la pena, por los supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero.
Lula ha negado los cargos y proclama su inocencia casi a diario, como hizo ayer en una entrevista con la radio Capital, de Sao Paulo, en la cual aseguró que demostrará en la segunda instancia la “equivocación” del juez Moro.
ZAR. “Quiero probar que Moro erró, que mienten demasiado” sobre su presunta culpabilidad, declaró el expresidente, quien afirmó que el juez “se comporta como un zar, que hace lo que quiere, cuando quiere y sin respeto al derecho democrático o la Constitución”.
Las próximas apelaciones que presentará la defensa de Lula serán dirigidas a un tribunal federal regional con sede en la sureña ciudad de Porto Alegre, que juzgará el asunto en segunda instancia.
De ese segundo fallo dependerá una eventual candidatura de Lula en los comicios previstos para octubre de 2018, ya que, si fuera ratificada la condena antes de comenzar el proceso electoral, la ley le impediría explícitamente postular a cualquier cargo público.
