La deriva autoritaria del régimen venezolano podría tener consecuencias penales para el presidente Nicolás Maduro, si prospera la querella interpuesta por más de un centenar de congresistas de Chile y de Colombia, que ayer presentaron una denuncia en su contra ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya.
El promotor de esta iniciativa inédita en la región es el parlamentario colombiano Iván Duque, explicó que la denuncia, de 56 páginas, está firmada por 76 senadores de Colombia y más de 70 de Chile y tiene como objetivo “que la fiscal Fatou Bensouda “pueda poner en observación a Venezuela y abrir una investigación formal” contra Maduro.
Apartheid. “Es un documento de denuncia que se presenta a la Fiscalía de la CPI, donde estamos acusando a Nicolás Maduro por crímenes que son competencia de esa corte como tortura, apartheid por segregación y ataque desmesurado a un segmento de la población, homicidios selectivos, capturas y deportaciones masivas”, señaló Duque.
Según detalló, esta denuncia es “un mecanismo para ejercer presión internacional a todos los crímenes que están ocurriendo en Venezuela”.
El senador comentó que la CPI tiene mecanismos por los que “cualquier persona puede acudir ante la Fiscalía para presentar denuncias” para que se pueda abrir una investigación.
Por ello, Duque espera que la corte con sede en La Haya ponga en observación al país petrolero como una forma de “disuadir esos ultrajes que se están cometiendo contra el pueblo de Venezuela, país que firmó el Estatuto de Roma en 1998 y por tanto acepta la jurisdicción de la CPI. El Tribunal de La Haya juzga delitos que afectan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
“Alertar al mundo”. “Es una forma de mostrar que hay más allá de los discursos en los salones de la diplomacia multilateral. Hay que pasar a acciones que permitan por lo menos alertar al mundo y a través de los cuales se puedan abrir canales contra las conductas que ha cometido Maduro”, agregó Duque.
La denuncia detalla “crímenes contra el derecho internacional” cometidos prácticamente desde que fue elegido en 2013, y que se convirtieron en diarios desde que estallaron las protestas opositoras contra su Ejecutivo hace más de 100 días y en las que han muerto más de 95 personas.
Asimismo, el autor de la iniciativa consideró la urgencia de que la CPI intervenga en su calidad de “poder judicial independiente”, ya que el poder judicial venezolano “está cooptado por el gobierno”.
Por ello considera que el futuro de Maduro “debe ser el de los dictadores que han intentado someter a sus pueblos y han cometido toda suerte de crímenes”.
