La división de las culpas entre los responsables de las cuatro esquinas del «ring» donde aparecen todos los días, noticias sobre los muertos, heridos, desaparecidos, descuartizados o desmembrados, sin vínculos criminales o sin motivo aparente, en nada contribuyen a la disminución de los hechos de sangre que mantienen atemorizada a la población.
Es fácil criticar lo que dijo el Gobernador, al dar la bienvenida al nuevo Comisionado de la Policía Federal, por la prensa de nota roja, a quienes en su trabajo diario arriesgan la vida, resistiendo la presión a la difícil tarea que trae de combatir y acabar con las bandas criminales; aunque, también, tendrán que multiplicar sus esfuerzos para cumplir todas esas importantísimas y patrióticas tareas, además de resistir la presión de periodistas que reclaman el esclarecimiento de las muertes de sus colegas y la protección oportuna y eficaz para evitar que cualquier comunicador pueda ser víctima de algún otro cobarde atentado.
Y todavía más fácil, resultaría criticar lo que la guerra de Calderón dejó durante su gestión, y la continuidad de esa guerra por el gobierno en funciones; más fácil resulta criticar al PODER JUDICIAL FEDERAL, por el inmenso «Poder Jurisdiccional» con que cuenta, para dejar en libertad «sin razón o justificación legal» alguna, a funcionarios y ex funcionarios que saquearon las arcas del gobierno, para saciar sus ambiciones «que no tienen llenadera» y que disfrutan con insultante impunidad.
La «seguridad humana» es parte de la «seguridad nacional» y no puede el Estado hacerse a un lado en el combate a la delincuencia, para concretarse a administrar la actividad criminal, en lugar de combatirla para devolverle la paz y la tranquilidad pública al individuo y a la sociedad de la que forma parte, porque desde la aparición y discusión de la Teoría del Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, la constitución de los Estados, tuvo entre sus funciones principales, proporcionar a los individuos bajo su tutela, la protección y seguridad de su integridad física, su familia y patrimonio y ahora ni se discute si esa función es exclusiva del Gobierno instituido con tan amplías Potestades, al deber tener el monopolio de la violencia física legítima, como lo exponía Weber.
Cuando los elementos constitutivos de un Estado (población, territorio, poder público, instituciones políticas y estado democrático de derecho) comienzan a descomponerse sistemáticamente y sin remedio, para llevarnos más pronto de lo que imaginamos a un estado fallido; destruido por la Delincuencia, Corrupción e Impunidad; solo nos queda presionar al Poder Judicial para que actúe con todo rigor, en contra de políticos corruptos y enriquecidos al amparo del viejo sistema de connivencias en donde se aferran a no dejar morir el viejo sistema de complicidades; como el ocurrido en Veracruz con las imputaciones formuladas en contra de JDO y su círculo de amistades y familiares.
Así que la libertad de expresión y de crítica a los funcionarios públicos de los órdenes de gobierno que incumplan con su deber, tendrá que seguir, aunque en ocasiones parezca exagerada o infundada y manipulada. No por algo la prensa es entendida como el cuarto poder, pues debe cumplir la función de poner en evidencia cuando alguno de los tres poderes desempeñe sus funciones de manera cuestionable, para así contribuir a los frenos y contrapesos que delimitan las acciones del ejecutivo, legislativo y judicial.
El grave problema criminal así lo exige para ser atendido por las corporaciones policiacas y de seguridad pública y gendarmería nacional; con una participación ciudadana activa, responsable y vigilante, de la policía, pero también de jueces y magistrados convertidos en cómplices y protectores de atroces criminales.
