El contralor general del estado, Ramón Alfonso Figuerola Piñera, indicó que la Ley de Disciplina Financiera solamente permite el uso de recursos federales de este año para la conclusión de algunas obras que fueron pactadas en años anteriores.
Explicó que esta Ley permite el uso de los recursos, pasando el año fiscal, lo que no significa que se pueda hacer de manera indiscriminada y agregó que esto sería a través de un análisis de cada caso.
«Depende de la situación en particular, con ciertos tipos de recursos para obras que están comprometidas se pueden usar los recursos pasando el año fiscal y terminar de cubrir para que se terminen los trabajos, pero eso depende de cada caso, de cada fondo. En algunos casos es posible y en otros habría que verlo».
Lo anterior, contrario a lo previsto por el Congreso local, que permitió a los 212 ayuntamientos usar recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) de 2017 para obras que quedaron pendientes en años anteriores.
Entrevistado, señaló que tendrán que ser los propios Ayuntamientos y los diputados los que deban responder por sus acciones.
Al ser cuestionado sobre el señalamiento de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal de que los diputados locales se extralimitaron en sus funciones al aprobar esta acción para los Ayuntamientos, opinó que el Gobierno del estado no participa y no le compete responder ante los señalamientos.
«Es un asunto que no vimos nosotros y no nos compete, lo están analizando las instancias correspondientes. No es un asunto del que estemos enterados, y lo tendrán que resolver las instancias correspondientes».
Dijo confiar en que la Federación resuelva el asunto y no se llegue a una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
«Se va a resolver de la forma correcta para que no haya problema para nadie. El Gobierno del estado siempre ha apoyado a los ayuntamientos, pero respeta la autonomía municipal y en a medida de lo posible está haciendo todas las gestiones que requieren».
En otro tema, manifestó que el Gobierno del estado no ha atendido las recomendaciones para rescindir los contratos con la empresa Odebrecht, acusada de corrupción, pues no le compete hacerlo.
«Es un asunto que le compete al Ayuntamiento y al Congreso local y el Órgano de Fiscalización Superior es el que audita a los Ayuntamientos».
