El gobernador de Texas, Greg Abbott, y su fiscal general, Ken Paxton, anunciaron ayer que recurrirán “inmediatamente” el bloqueo de su ley contra las “ciudades santuario” ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, una de las más conservadoras de EU, para reinstaurar la legislación, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de septiembre.
El juez Orlando García decidió bloquear temporalmente algunas partes de la ley, conocida como “SB4” y que imponía multas de entre mil y 25 mil dólares a los agentes de las policías locales que se negaran a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En los casos más graves, los miembros de los gobiernos locales podrían ser destituidos, mientras que los alguaciles podrían ir a la cárcel hasta un año.
En un comunicado, Abott consideró que la decisión “hace a las comunidades de Texas menos seguras” y pone en libertad “a los miembros de pandillas y criminales peligrosos”.
Los demandantes a los que el juez federal dio la razón, afirman que Texas está violando la Primera Enmienda porque obliga a las autoridades locales a respaldar el punto de vista de Texas sobre el sistema migratorio.
Entre los demandantes se encuentran los ayuntamientos de Austin, Dallas, Houston y El Paso, todas ellas gobernadas por alcaldes demócratas.
“Feliz de saber que un juez federal ha bloqueado la ley de Texas que convertía a la policía local en agentes fronterizos. Los necesitamos para luchar contra el crimen”, dijo Sylvester Turner, alcalde de Houston.
Texas es el segundo estado con mayor población hispana y se calcula que es hogar de 1.6 millones de indocumentados.
